Programas de atención a la población de sexenio pasado fueron “fachada” para desviar recursos

El fortalecimiento de los programas de atención a la población más vulnerable y la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia estelar de la pasada administración federal, que buscaba sacar de la pobreza alimentaria a familias de 11 estados del país, fueron la fachada perfecta para que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), desviara poco más de dos mil 224 millones de pesos a través de 10 convenios firmados con la Universidad Autónoma de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de México.

En la revisión de la Cuenta Pública 2013 y 2014, la Auditoria Superior de la Federación (ASF), detectó que estos recursos millonarios fueron entregados a 20 empresas que eran fantasma, estaban bajo investigación del SAT por operaciones irregulares o no tenían registro ante la Secretaría de Economía (SE).

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Como parte de una investigación periodística bautizada como la “Estafa Maestra”, encabezada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se conoció que no existe constancia de cumplimiento de los servicios ofrecidos por estas compañías subcontratadas por las universidades para la triangulación del dinero, lo que representó un quebrado para el erario público.

Lo anterior es lo que hoy tiene a la extitular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga al borde de ser vinculada a proceso por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, conforme lo establece el Artículo 214 Fracción III del Código Penal Federal.

La audiencia inicial para que la Fiscalía General de la República (FGR) formule la imputación contra la que también fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), será este jueves 8 de agosto a las 11 de la mañana en un Juzgado de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur.

La judicialización de la “Estafa Maestra” tiene nerviosos a más de uno de los integrantes del anterior gabinete presidencial como es el caso de Miguel Ángel Osorio Chong, como adelantó en septiembre de 2018, el periodista Ramón Alberto Garza, al calificarla como la “mayor pesadilla”, del extitular de la Secretaría de Gobernación y ahora senador de la República.

Porque coincidencia o no, el estado de Hidalgo -aquel donde subsiste el cacicazgo de Osorio Chong- es el que aparece con el mayor número de ’beneficiarios’ de los presuntos saqueos al erario federal”, escribió el editorialista.

Ramón Alberto Garza agregó que “la universidad y la televisora hidalguenses, además de algunas de las más relevantes empresas fantasma que se emplearon para triangular esos recursos, hoy inexplicablemente desaparecidos, están al frente de la lista por investigar”.

“Quizás por eso cuando vio frustrada su candidatura presidencial por el PRI, en un desplante con olor a traición, Osorio Chong se entregó a operar desde las sombras a favor de Morena”, como una forma de blindarse contra cualquier investigación, remató en su artículo.

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