Llegó a esta determinación tomando en cuenta la violación al principio de progresividad respecto de los derechos a la educación y a la alimentación.

La jueza tercera de distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó a todas las autoridades vinculadas restaurar el servicio educativo conocido como Escuelas de Tiempo Completo (ETC), tal y como operaba antes del traslado de sus objetivos al programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN).

Así lo manda dado que, si bien se reconoce que LEEN persigue algunos de los objetivos de las ETC, la realidad es que no se logran satisfacer en su conjunto de la misma manera que lo hacían en el programa Escuelas de Tiempo Completo.

La decisión es resultado de una demanda de amparo presentada por Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, acompañados por el despacho Aguilar Barroso Abogados.

En la demanda se reclama, entre otras cosas, que las autoridades federales violaron el derecho a la educación y a la alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes (NNA) al excluir a beneficiarias y beneficiarios de años anteriores de manera arbitraria, y al no garantizar los recursos que permitan que las escuelas puedan tener horas adicionales de aprendizaje y alimentos en la práctica.

En ese sentido, la jueza de distrito obliga al Ejecutivo federal, a la Cámara de Diputados y a todas las autoridades encargadas de la implementación de los programas ETC y LEEN, incluyendo la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a “adoptar todas las medidas que se estimen pertinentes a fin de que se sigan otorgando los mismos beneficios que se encontraban previstos en aquélla (ETC), incluyendo los ajustes presupuestarios que se estimen convenientes para ese fin”.

El órgano jurisdiccional llegó a esta determinación tomando en cuenta que las autoridades violaron el principio de progresividad respecto de los derechos a la educación y a la alimentación de las niñas, niños y adolescentes, además del interés superior de la niñez, ya que las ETC otorgaban beneficios que garantizaban el ejercicio de estos, mismos que ya no son posibles de obtener a través del programa LEEN .

Además, la jueza reconoció que se afectó desproporcionadamente a las mujeres madres de familia, quienes dependían de las ETC para tener un lugar seguro para sus hijas e hijos, mermando “la posibilidad de que (…) desarrollen de manera efectiva sus proyectos de vida y la posibilidad de una estabilidad laboral que tiene impacto en su economía”.

El programa ETC, en su punto más alto de cobertura, beneficiaba a cerca de 27 mil escuelas y a 3.6 millones de estudiantes , quienes recibían horas adicionales de aprendizaje y, para al menos 1.6 millones de estudiantes, un servicio de alimentación que para muchos de ellos les brindaba el primer alimento del día.

Incluso en el supuesto, anota en su decisión la jueza, que la restauración de las ETC como programa no fuera posible, las autoridades están obligadas a modificar el programa LEEN2022 de tal manera que “se contemplen los mismos derechos y beneficios prestacionales de servicio público educativo contenido en aquel sistema de la Escuela de Tiempo Completo, y no sólo dé apoyo económico (prestacional). Situación que no impide, incluso, la subsistencia de ambos servicios, tanto de la ETC, como de La Escuela es Nuestra.

El otorgamiento de esta orden judicial es la más reciente de una serie de acciones judiciales que llevó a cabo Mexicanos Primero y Aprender Primero desde hace dos años.

En un comunicado, las organizaciones señalaron que estas acciones cobran fuerza luego de que en febrero, la SEP decidió eliminar las horas extra y los alimentos de las escuelas. A pesar de que la dependencia revirtió formalmente esa decisión para que quedara la posibilidad abstracta del uso de los recursos para el pago a docentes y el servicio de alimentación, «el análisis de la estructura de LEEN en la realidad revela que se trata de una simulación, pues en la mayoría de los casos es materialmente imposible que sigan existiendo escuelas con jornada escolar ampliada y alimentos. Además, no permite la participación de las escuelas que fueron beneficiadas anteriormente, cuando está estudiado y reconocido por UNICEF y el propio Estado mexicano que el logro sólido de la ampliación de la jornada se consolida cuando es más de un ciclo».

«Asumimos esta lucha por los derechos a la educación y a la alimentación de las NNA como un compromiso indeclinable. La lucha jurídica que seguimos avanzando no es un capricho ni un sinsentido que sólo pretenda confrontar a las autoridades, sino apoyarlas, como intentamos en reuniones específicas con las y los funcionarios de la SEP, entregando a la secretaria en forma oficial un diseño alternativo, y apelando en reuniones públicas con los legisladores de la mesa de trabajo que se estableció para tal efecto.

«Muchos otros activistas han hecho contribuciones de enorme valor en esta misma lucha, con conferencias, quejas ante la CNDH y litigios paralelos. Se trata de un esfuerzo social cuya guía única es la defensa de los derechos de NNA que siguen siendo violentados. No podemos permitir que la simulación, disfrazada de buenas intenciones, termine por extinguir, en los hechos, un servicio que se ha vuelto crítico para hacer justicia a las comunidades escolares, y apuntalar a las y los estudiantes que más lo necesitan.

Seguimos exhortando a la SEP para que no se comporte como enemiga de lo que dice apreciar, y que la SHCP responda en forma veloz y efectiva a un cumplimiento honesto; puede y debe hacer un reajuste del modo de gastar el dinero. Alimento, y no cemento, es lo que ahora se necesita; tiempo adicional para recuperar el equilibrio socioemocional y para remontar la pérdida de aprendizajes es la mejor política pública siempre, pero especialmente en esta coyuntura. Esperemos que se conduzcan con dignidad y responsabilidad, sin poner su imagen política por encima del interés superior de la niñez que consagra la Constitución», expresó la organización Mexicanos Primero.