El ex gobernador chihuahuense “malbarató” predios destinados a vivienda social: cada metro cuadrado costaba 800 pesos y los vendió en 50, obteniendo 200 millones de pesos, aseguran
En las auditorías practicadas a la administración del ex gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, salió a relucir un nuevo quebranto patrimonial a las arcas del estado que supera los tres mil millones de pesos (mmdp) por la venta a precios de ganga de la mitad de la reserva territorial de la entidad.
Carlos Borruel Barquera, actual director General de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, explicó que 365 hectáreas de terrenos, ubicados en zonas urbanas de la capital con alta plusvalía, se entregaron de manera ilegal a cinco empresas de personas vinculadas con el ex mandatario local y sus colaboradores.
“El precio de venta de los terrenos en cuestión fue de 50 pesos por metro cuadrado, a pesar de que su valor comercial es de 800 pesos; es decir, se ofertaron las tierras por un precio 16 veces por debajo de su costo real. Ya lo denunciamos ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Estado de Chihuahua y también con la Fiscalía General”.
Borruel Barquera agregó que ‘evidentemente, desde mi punto de vista, hay un acto terrible de corrupción, donde se hizo una venta de poco más de tres (mmdp) en menos de 200 millones de pesos (mdp); las extensiones de La Haciendita, Labor de Terrazas y Vialidad Sacramento se vendieron además con sólo el cinco por ciento de enganche, facilidades’
“y con abonos chiquitos, con la firma de autorización de la Junta de Gobierno y el propio César Duarte. En uno de los casos ni siquiera se pagó completo el valor acordado del terreno, por lo que al revisar el contrato de compra-venta para solicitar a la empresa que cubriera el adeudo, se detectaron todas las irregularidades cometidas por la pasada administración”.
El funcionario del gobierno de Javier Corral Jurado, que tomó las riendas de Chihuahua a partir del pasado cuatro de octubre, agregó que, anteriormente, la Comisión Estatal de Vivienda era la ‘caja chica’, donde se hacía mal uso de los recursos, ya que, a su llegada, encontró una deuda de 592 (mdp): ‘no había dinero para el pago de la nómina’.
“Además de que tenía una cartera vencida de 143 (mdp). Durante por lo menos tres sexenios, lo que era el Instituto de la Vivienda que después fue Comisión, construía, tres, cuatro, cinco mil viviendas nuevas al año; en 2016 nada más construyó 30, y las dejaron a medio terminar; las terminé yo entre octubre y diciembre”, finalizó.