En esa resolución se tomó en cuenta el carácter anónimo de la denuncia, además, que se basa en “recortes de prensa de México”, sin aportar información fiable

Fue archivada la denuncia anónima presentada en un juzgado madrileño contra el candidato presidencial del Frente, Ricardo Anaya, y dos empresarios allegados, Manuel Barreiro y el hispano-mexicano Juan Pablo Olea Villanueva, confirmó este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El área de prensa del organismo judicial informó que en esa resolución se tomó en cuenta el carácter anónimo de la denuncia, además, que se basa en “recortes de prensa de México”, sin aportar información fiable.

El organismo judicial esgrimió que otra razón es que la denuncia se enfoca a un ciudadano español, no al candidato mexicano, por supuestamente ayudar a blanquear dinero a Ricardo Anaya, “pero sin aportar ninguna prueba más allá de que ambos son amigos”.

En la decisión de archivo se consideró también que el empresario señalado tiene una fortuna sin que se conozcan sus fuentes de ingreso, pero todo avalado solamente con recortes de prensa de México.

Esto respuesta refuta la versión publicada por el diario digital La Gaceta, del 18 de mayo, la que aseguró que el juzgado de Instrucción 4 de Madrid “abrió” Diligencias Previas (número 907/18) sobre la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales de los empresarios citados a favor del candidato Anaya.

La denuncia anónima en esta instancia española se basa en las informaciones aparecidas en la prensa mexicana a raíz de las investigaciones iniciadas en febrero por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la compraventa de una nave industrial que perteneció a Anaya en el estado de Querétaro. Esa investigación en México derivó en el bloqueo de las cuentas bancarias de Barreiro.

Según la información en la prensa mexicana, el aspirante presidencial vendió el inmueble por 54 millones de pesos a la empresa Manhattan Master Plan, creada por su amigo Manuel Barreiro, a través de un testaferro llamado Juan Pablo Olea Villanueva.

La compraventa de la nave industrial se realizó por medio de una empresa pantalla y, supuestamente, esa operación tenía como propósito financiar al candidato.

Sugiere que el dinero utilizado para la operación tiene orígenes dudosos provenientes de España, en donde Barreiro y Olea tienen negocios que presentan incongruencias, incluyendo declaraciones financieras vagas o ambivalentes, como inversiones y deudas sin especificar la procedencia del dinero.

La primera noticia que se conoció en España sobre la denuncia anónima contra Anaya, apareció en el digital El Español, el 23 de abril, la cual señalaba que los fondos de la compraventa de la nave industrial circularon previamente por Canadá y Gibraltar, un territorio británico en la península ibérica, conocido por su baja fiscalidad y que es asiento de miles de sociedades que buscan evadir el pago de impuestos en los países de origen de dichos capitales.

El 8 de mayo, apareció nueva información en otro digital español, OKDiario, en el que señalaba que el nombre de Anaya aparecía en una investigación del Banco de España y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) relacionado con un esquema de blanqueo de dinero.

En este caso, el digital mostraba en su sitio de internet el documento en el que Banco de España selló de recibida la denuncia en una “comunicación de operativa sospechosa por indicios”. Y de acuerdo con las fuentes consultadas por el medio, sí se habría abierto dicha investigación.

El digital asegura que el presunto esquema de lavado de dinero tiene como propósito financiar la campaña de Anaya de cara a las próximas elecciones en julio de este año.

El Banco de España aclaró que forma parte del SEPBLAC junto con otras entidades policiales, del Ministerio de Justicia, Interior y de Economía, cuyos esfuerzos conjuntos están enfocados al combate al blanqueo de capitales. El Banco fue el canal de recepción de dicha denuncia contra Anaya, sin embargo, precisó que no puede informar si hay o no una investigación al respecto.

Desde el Ministerio de Economía del gobierno español se aclaró a esta agencia que los asuntos que tienen que ver con SEPBLAC son confidenciales.

Sobre el caso de la apertura de Diligencias Previas en el Juzgado de Instrucción 4 de Madrid, el TSJM señaló que su archivo no pudo ser notificado a nadie, debido a que se trataba de una denuncia anónima.