Con el propósito de garantizar a la ciudadanía la prestación de servicios públicos de calidad, como la salud, educación, agua potable y alumbrado, entre otros, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

“Es importante asegurar el derecho a los servicios públicos de calidad, no podemos permitir que la comunidad se vea afectada con la prestación de servicios por la acción de unos cuantos; para nosotros lo principal es trabajar por el bien común”, sostuvo.

El objetivo, dijo, es endurecer las penas contra los responsables de dañar la infraestructura pública o el equipamiento destinado a la operación de dichos servicios, toda vez que el vandalismo sobre este tipo de instalaciones puede llegar a afectar considerablemente a la población al generar la falta de agua y de electricidad, lo que a su vez afecta otros rubros como educación y salud, situación que atenta contra los derechos humanos.

En ese sentido, precisó que la iniciativa propone la creación de un nuevo tipo penal denominado “sabotaje”, e imponer a los responsables de cometer este acto de 5 a 20 años de prisión y una multa de mil a 12 mil días de salario mínimo, además del pago total de la reparación de los daños ocasionados.

“Tenemos que abordar con determinación todos los retos y desafíos que a diario se nos presentan en nuestro compromiso de salvaguardar el bienestar de nuestra gente”, concluyó.