Al presidir la ceremonia para la puesta en marcha de la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y Salidas Alternas (UEMCSA) y el inicio de operaciones de la Policía Procesal, el Gobernador Martín Orozco Sandoval indicó que se dio cumplimiento formal al proceso de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, refrendando su compromiso de privilegiar el respeto a los derechos humanos.

 El Jefe del Ejecutivo detalló que a través de un riguroso proceso de evaluación y seguimiento, el Juez podrá imponer las medidas cautelares o la suspensión condicional del proceso, observando siempre que la seguridad de la víctima no se comprometa y que el imputado esté presente en el proceso en apego al principio de presunción de inocencia.

 “Nuestra obligación es reducir las situaciones de riesgo para la ciudadanía y brindar condiciones de paz y tranquilidad en su vida diaria, y este objetivo puede alcanzarse si adoptamos un proceso permanente de profesionalización de nuestras instituciones, siempre en apego irrestricto a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos de las personas” precisó Orozco Sandoval.

El Mandatario Estatal se dijo confiado en que tanto servidores públicos de la Secretaría de Seguridad como los jueces, desempeñen sus funciones de forma ejemplar, pues debido a la naturaleza de su encomienda cualquier acción fuera del procedimiento, por mínima que sea puede representar un gran perjuicio para el imputado o la propia sociedad al tomar una decisión equivocada, exhortando además a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a que se mantenga vigilante de que los procedimientos se lleven de acuerdo a los preceptos señalados.

Sergio Martínez Castuera, Secretario de Seguridad Pública del Estado, precisó que el Sistema de Justicia Acusatorio debe contar con elementos de policía especializados y equipados para la custodia, traslado y seguridad de los imputados o sentenciados en las salas de audiencias orales, así como para el cumplimiento de las diversas medidas cautelares impuestas por la autoridad jurisdiccional.

“En la SSPE tenemos previsto contar con la infraestructura adecuada, el equipamiento necesario y el personal capacitado así como los protocolos de actuación y los manuales de procedimientos previendo la homologación de criterios metodológicos, técnicos y procedimentales; también continuará con la coordinación necesaria con el Poder Judicial y  el órgano implementador del nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio y demás autoridades involucradas en este procedimiento”, adelantó el funcionario estatal.

Por su parte, Juan Humberto Montoya Aguada, Director General de Reinserción Social, explicó que la Policía Procesal es responsable de garantizar la seguridad del imputado, acusado, o sentenciado durante su permanencia en las aulas de audiencias orales, así como de los asistentes y servidores públicos del sistema de justicia del estado durante el desarrollo de las mismas, cuidando el orden, y respeto dentro de los recintos judiciales.

“El personal está especializado en las funciones que desarrollará durante el desempeño de sus actividades y servicios, y los elementos de la Policía Procesal, deben actuar conforme a los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”, finalizó Montoya Aguada.