La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una reforma electoral que plantea ajustes estructurales y presupuestales sin modificar la operación del Instituto Nacional Electoral (INE) ni eliminar el PREP. La iniciativa, que modifica 11 artículos constitucionales, busca reducir costos, reforzar la fiscalización y actualizar los mecanismos de representación política.

El proyecto mantiene el número de diputaciones, pero redefine la asignación de los 200 escaños de representación proporcional: 100 serán para los candidatos con mejores porcentajes sin ganar su distrito y 100 se elegirán mediante listas regionales, incluyendo a mexicanos residentes en el extranjero. En el Senado, la propuesta elimina los 32 plurinominales y reduce la integración a 96 legisladores.

Uno de los cambios más relevantes es la disminución del financiamiento público a los partidos políticos, que pasaría de calcularse con el 65% del valor de la UMA al 48.75%, lo que representa una reducción efectiva superior al 22%. También se plantea recortar de 48 a 35 minutos diarios los tiempos oficiales en radio y televisión durante campañas.

La reforma endurece la fiscalización al prohibir aportaciones extranjeras o de origen ilícito y obliga a que todo financiamiento privado se realice mediante el sistema financiero. Además, introduce la obligación de etiquetar contenido electoral generado o modificado con Inteligencia Artificial.

El proyecto fortalece mecanismos de democracia directa como consultas populares, referéndums y plebiscitos, cuyos resultados serán vinculantes con una participación mínima del 40% del padrón.

Sheinbaum aseguró que la iniciativa busca modernizar el sistema electoral y reducir costos sin debilitar al INE, en un contexto de debate político sobre el futuro de la representación legislativa en México.