Será una razón política si SCJN tira #SinVotoNoHayDinero: Kumamoto

Desde mediados de junio la Corte analiza esta propuesta que, de acuerdo con el PVEM es inconstitucional porque invade competencias de los diputados federales

A casi un mes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitiera el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PVEM en Jalisco contra la reforma #SinVotoNoHayDinero, el diputado independiente e impulsor de esta ley, Pedro Kumamoto, aseguró que si la Corte falla contra ésta, “será no por un aspecto jurídico, sino por uno político”.

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Desde mediados de junio la Corte analiza esta propuesta que, de acuerdo con el PVEM es inconstitucional porque invade competencias de los diputados federales en lo que respecta a la asignación de recursos para los partidos.

No obstante, Kumamoto reiteró que esta ley, que fue aprobada en el Congreso de Jalisco el pasado 1 de junio, es constitucional y que el gobierno de Jalisco está capacitado para dar a cada instituto político una cantidad monetaria específica.

“Nosotros defendemos y planteamos que es constitucional porque tanto las leyes locales como la Carta Magna establecen, de manera específica en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos que los estados decidirán las fórmulas y los montos que le entregan a los institutos que tienen registro federal y basados en eso hicimos las modificaciones”, afirmó en entrevista con Excélsior Digital.

Esto, porque la ley del legislador independiente plantea reducir hasta un 60 por ciento el financiamiento de los partidos políticos, ya que en años electorales estos deben recibir un presupuesto de acuerdo con el número votos que obtengan.

En tanto, en la época no electoral la ley plantea una reducción de 20 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para determinar así el monto que tienen que recibir los partidos.

Con esta ley, que de avalar la Corte entraría en vigor en 2019, el legislador Kumamoto estima que en al menos tres años Jalisco podría ahorrar cerca de 550 millones de pesos que podrían destinarse a campos como la educación o la infraestructura.

“Lo que pasa es que se analiza en la SCJN si procede o no la acción de inconstitucionalidad, y bueno, tenemos fe de que será votada constitucional debido a que cuidamos estas partes jurídicas”, expresó el legislador.

Indicó que es difícil para los partidos entrar en austeridad “cuando se ha estado viviendo con excesos y falta de claridad en el uso del presupuesto público”, motivos por los cuales es necesario que dejen de velar por sus intereses para que la sociedad les tenga confianza.

“Entiendo que es complicado imaginarse cambiar la cobertura dentro de los partidos, pero no va a ser a través de continuar con esos presupuestos como la sociedad va a valorarlos, sino a partir de entrar en dinámicas donde los institutos políticos sean espacios verdaderamente representativos”, dijo.

Pese a ello, si la SCJN fallara en contra de la ley, Kumamoto explicó que trabajaría en el impulso a nivel federal de esta ley, ya que también presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa parecida con la que se podrían ahorrar en el país cerca de 2 mil 200 millones de pesos en un año, de acuerdo con datos de 2015.

Ese presupuesto equivaldría, ejemplificó, para la construcción de 250 escuelas de nivel básico en todo el país, así como de cinco universidades tecnológicas.

Sin embargo, señaló que desde mayo la propuesta está congelada en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el perredista, Guadalupe Acosta Naranjo.

“Tenemos una propuesta en el Congreso de la Unión; está congelada en la Comisión de Puntos Constitucionales y es una propuesta que ya hicimos y que esperamos sea aprobada a la brevedad”, aseveró el jalisciense.

El legislador ha denunciado el presupuesto asignado a los partidos políticos con registro federal, ya que, por ejemplo, aun cuando entre 2016 y 2017 no hay elecciones federales de un año al otro el monto que dio el Instituto Nacional Electoral (INE) incrementó al pasar de los 3 millones 953 mil pesos a los 4 millones 59 mil pesos, respectivamente.

 

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