La nueva ley se aprobó por 90 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, en lo general, así como 81 votos a favor y nueve en contr
El Senado de la República aprobó una nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas que establece penas de 40 a 60 años de prisión y de 10 a 20 mil días de multa a quienes incurran en este delito siendo policías, ministerios públicos o cuerpos militares, al tiempo que crea una Sistema Nacional de Búsqueda que tendrá como mandato la ejecución y seguimiento de las personas desaparecidas y no localizadas.
La nueva ley se aprobó por 90 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, en lo general, así como 81 votos a favor y nueve en contra, en lo particular, incluyendo reformas para utilizar los tiempos oficiales de radio y televisión para la difusión de la información sobre este tema.
El Sistema Nacional de Búsqueda tendrá una propia Comisión Nacional de Búsqueda, y estará integrado por los titulares de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, el titular de la PGR y tendrá un Consejo Ciudadano, como órgano de consulta, integrado por representantes de la sociedad civil y de las víctimas.
Otra característica fundamental de esta nueva ley es la investigación del delito de desaparición forzada a través de una Fiscalía Especializada, adscrita a la PGR, y a las procuradurías locales, a fin de tener autoridades especializadas. También se crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
A favor del dictamen, la senadora Angélica de la Peña, del PRD, argumentó que se configuró la búsqueda separada de la investigación, “pero siempre de manera integral, por ello, este precepto representa uno de los avances más característicos.
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, De la Peña afirmó que durante el proceso de discusión y dictaminación escucharon las historias de miles de familias que buscaron a sus seres queridos y el “viacrucis” por el que han atravesado para que las autoridades las tomen en cuenta.
Cristina Díaz, senadora del PRI y presidenta de la Comisión de Gobernación, indicó que la nueva ley cuenta con los requisitos mínimos de un mecanismo de búsqueda con participación de la sociedad y una estructura encuadrada en los órdenes de gobierno, así como un registro de personas y la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda.
La senadora Layda Sansores, del PT, fue pesimista y señaló que esta ley no es la que merecían las víctimas de la desaparición forzada. Consideró que “parece un documento para cumplir con las presiones internacionales”.
Luego criticó que se suprimió el artículo 6 de la Convención Internacional de Desaparición Forzada que obliga al Estado mexicano a establecer la responsabilidad en estos delitos de todos aquellos agentes del Estado que formen parte de la cadena de mando.
La senadora del PAN, Marcela Torres Peimbert, consideró que se da un paso para limitar al Estado en el ejercicio del poder y para brindarles a las víctimas acceso real a la justicia. La desaparición forzada ha sido “un siniestro compañero de viaje de nuestra patria durante su vida independiente” y con esta nueva ley se cumple con una deuda pendiente.
La también senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa admitió que esta nueva legislación “es perfectible”, pero cumple con la reforma constitucional del 10 de julio de 2015, y “vamos a tratar de que mejore más adelante”.
La coordinadora de la bancada del PRD, Dolores Padierna, recordó que la desaparición forzada se trata de un delito de “lesa humanidad”, es decir, un delito que trasciende a la propia víctima y a sus familiares y que quebranta el orden social y transgrede el Estado de derecho.
Por su parte, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, afirmó que mientras una ley de este tipo no estipule la responsabilidad de superiores jerárquicos, “no se tendrá ningún impacto contra la masacre que vive nuestro país”, y presentó una reserva al artículo 29 del ordenamiento.
“Sabemos que la desaparición forzada proviene de los mandos superiores. ¿No es la autoridad superior la que mandó ametrallar una zona habitacional con un helicóptero? ¿No es una autoridad superior quien participó en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa?”, cuestionó el exgobernador de Puebla y exsecretario de Gobernación.
“Los mandos superiores son los que mandan matar, son los que permiten que desaparezcan y no están responsabilizados”, criticó en sus reservas a la nueva ley.