El dictador Kim Jong-Un ejecutó a entre 20 y 30 funcionarios norcoreanos responsables de las inundaciones en la región del río Yalu.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, convocó una reunión de emergencia poco después de las devastadoras inundaciones que afectaron la región del río Yalu entre el 25 y el 29 de julio. Durante la reunión, Kim expresó su descontento con la gestión de la crisis y advirtió severamente que quienes causaron bajas inaceptables serían castigados con rigor.

En las semanas posteriores, entre 20 y 30 altos funcionarios norcoreanos fueron identificados como responsables de los daños y ejecutados, según informó el canal surcoreano TV Chosun el martes 3 de septiembre.

Estas ejecuciones fueron motivadas no solo por la incapacidad para gestionar las inundaciones, sino también por acusaciones de corrupción y negligencia en el desempeño de sus funciones. La severidad de las sanciones refleja la postura inflexible de Kim Jong Un hacia cualquier forma de incompetencia que afecte la estabilidad del régimen.

Lee Il-gyu, un ex diplomático norcoreano, comentó a TV Chosun que los funcionarios fueron destituidos en gran parte por razones de seguridad social. Además, destacó que la atmósfera de temor entre los altos funcionarios es palpable, ya que no saben cuándo podrían enfrentar consecuencias similares.

Motivos de la ejecución

Entre los funcionarios ejecutados se encontraba Kang Bong-hoon, quien se desempeñaba como Secretario del Comité del Partido Provincial de Chagang desde 2019. Kang y otros líderes fueron destituidos y ejecutados tras una reunión de emergencia celebrada durante el desastre de las inundaciones. Esta acción drástica por parte de Kim Jong-Un se produjo después de que los funcionarios supuestamente fracasaran en la prevención de las inundaciones y deslizamientos de tierra que causaron graves daños.

La decisión de Kim de tomar medidas tan severas refleja una política de castigo ejemplar que busca prevenir la incompetencia y mantener el control social en un estado de totalitarismo. Durante el mismo periodo, Kim Jong-Un fue visto evaluando las áreas afectadas por las inundaciones y reuniéndose con residentes. En sus declaraciones, estimó que la reconstrucción de los vecindarios dañados llevaría meses y criticó a Corea del Sur por sus informes sobre el número de muertes, refutando las alegaciones de que miles habían sido asesinados.

Resurgimiento de las ejecuciones públicas

El aumento de las ejecuciones públicas en Corea del Norte ha sido significativo, con un informe del Korea Times en octubre de 2023 que documenta un incremento considerable. Antes de la pandemia de COVID-19, Corea del Norte mantenía un promedio de aproximadamente 10 ejecuciones públicas al año. Sin embargo, en el último año, esta cifra ha aumentado a un estimado de 100 o más. Durante el pico de la pandemia, el régimen norcoreano redujo las ejecuciones públicas para evitar la propagación de infecciones. Sin embargo, con la disminución de las restricciones y el regreso a una mayor interacción social, la represión ha resurgido de manera prominente.

Cheong Seong-chang, director del Departamento de Estudios de Estrategia de Reunificación en el Instituto Sejong, explicó al Korea Times que las ejecuciones públicas en Corea del Norte ocurren con relativa frecuencia y abarcan una amplia gama de casos. Estos incluyen crímenes graves como homicidios, contrabando de drogas y, en ocasiones raras, la producción y distribución de contenido prohibido, como dramas surcoreanos.

Penas de muerte por delitos no habituales

El Informe de Derechos Humanos de Corea del Norte 2023, basado en testimonios de 508 desertores norcoreanos entre 2017 y 2022, revela que las penas de muerte se imponen no solo por crímenes violentos, sino también por delitos que no están contemplados para la pena de muerte según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos delitos incluyen el tráfico de drogas, la visualización y distribución de contenido surcoreano, y la participación en actividades religiosas o supersticiosas. El informe también documenta casos en los que se ha impuesto la pena de muerte a menores de 18 años y a mujeres embarazadas.

Las ejecuciones públicas suelen realizarse en estadios deportivos de Corea y otros lugares accesibles a grandes multitudes. Los residentes, incluidos los niños, son movilizados por escuelas, empresas estatales y unidades de vigilancia vecinal para presenciar estos actos brutales. Esta práctica no solo sirve como un medio para imponer miedo, sino también como una herramienta para mantener el control social bajo el régimen totalitario de Corea del Norte.