La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que, aunque no existe evidencia contundente sobre el impacto de la despenalización de la producción y comercialización de la mariguana en los índices de violencia delictiva, lo que sí ocurrirá una vez que se apruebe la iniciativa de ley que se discute en el Congreso de la Unión, es que la regulación beneficiará directamente a trabajadores del campo que hoy son amenazados por los grupos del narcotráfico para producir drogas ilegales.
Al participar de forma virtual en el foro ‘Política de drogas, Acuerdo de Paz y Derechos Humanos’, organizado por el Congreso de Colombia, la funcionaria contó la experiencia mexicana y la regulación que está en marcha para el uso medicinal y lúdico de la mariguana y sus efectos en la sociedad.
“No hay evidencia contundente sobre el impacto de la despenalización de la producción y comercialización de la marihuana en los índices de violencia delictiva. Existen datos que pueden apuntar en un sentido positivo, pero otros indicadores sugieren solamente un efecto marginal.
“Sin embargo, de lo que no tengo duda es que la regulación quitará del horizonte de vida de miles de campesinos, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios rurales, una espada de Damocles, una amenaza que hoy pende sobre sus cabezas y alienta la acción del crimen organizado o no organizado para presionar, extorsionar o someter a la violencia a los productores del campo, que tradicionalmente han sido victimizados y revictimizados por el hecho de sembrar y producir la cannabis o el cannabis”, subrayó.
Dejó en claro su visión como impartidora de justicia por más de 25 años de buscar condiciones que permitan garantizar de manera eficaz y eficiente los derechos fundamentales de toda la población.
“Por ello, considero que el nuevo enfoque de la legislación del cannabis debe pasar por la legalización, o despenalización o regulación de su consumo, al reconocimiento de la legalidad de su producción y venta, de manera estrictamente regulada, adoptando por todas y todos, las medidas de protección a la salud de las personas consumidoras.
“Estoy segura que la legislación que se apruebe en nuestro país, en México, otorgará las mejores soluciones, pues estamos beneficiando de experiencias como otras naciones que, como Colombia, están en búsqueda de las mejores prácticas internacionales, que otorguen certeza jurídica y permitan poner punto final, y subrayo punto final, a una guerra que nunca debió haberse desatado”, sostuvo.
En el foro en el cual también participó el expresidente Juan Manuel Santos, la secretaria Sánchez Cordero recordó que de acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas 2017, el cannabis es la droga más consumida en el mundo. 192.2 millones de personas, entre 15 y 64 años manifestaron haberla consumido en ese año.
En México, la encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 reflejó un incremento del 10.3 por ciento en el consumo global de drogas. En particular, la marihuana mostró un alza en su consumo del 6 por ciento al 8.6 por ciento. Cifra que incluye a personas que la han probado alguna vez en su vida.