Queda aprobada la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera

Ya era un reclamo legítimo de la ciudadanía que estábamos obligados a atender, sostuvo el representante popular del GPPAN-PES

Con el firme propósito de impulsar una legislación que favorezca la correcta, eficaz, honesta y transparente aplicación de los recursos públicos, la LXIII Legislatura aprobó en la sesión ordinaria del jueves anterior, la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera, como parte del cumplimiento con la normatividad federal, indicó el diputado Jaime González de León, en su calidad de presidente de la Comisión de Vigilancia.

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En este sentido, González de León aseguró que el ordenamiento tiene el objeto de moderar los esquemas de endeudamiento de los entes públicos y reducir  con ello el costo del financiamiento a través de criterios de responsabilidad hacendaria que regirán al Estado y los  municipios para un manejo sustentable de sus finanzas públicas.

De esta manera, agregó el legislador integrante del Grupo Parlamentario del PAN-PES, la nueva legislación ahora establece los requisitos para la contratación, operación, registro, administración y control de financiamientos que constituyan la deuda pública del Estado, así como las obligaciones derivadas de los Financiamientos y Asociaciones Público Privadas, y garantizar con ello una gestión pública responsable.

Jaime González enfatizó que  el impulso de este nuevo marco legal no sólo obedece a la armonización con la normatividad federal, sino a la respuesta y atención a un reclamo legítimo de la ciudadanía, que pide evitar y detener el derroche del dinero que proviene de sus impuestos, y por ellos “nos dimos a la tarea de concretar una ley que inhiba cualquier acto de exceso en la contratación de deuda y aplicación de los recursos por parte de los gobernantes, sin distingo de color partidista”.

Por último, el presidente de la Comisión de Vigilancia afirmó que desde el Congreso del Estado, estarán atentos de la aplicación de la normatividad, dando un seguimiento oportuno a las demandas ciudadanas que exigen mejores prácticas gubernamentales, haciendo más eficiente, honesto y transparente el destino de los dineros proveniente de sus impuestos, concluyó.

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