El documento establece las directrices para que las personas que laboran en el INE sepan atender una queja, canalizarla y saber cuándo se configura un delito: Norma De la Cruz.
En gira de trabajo por Aguascalientes, la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Norma De la Cruz Magaña presentó el “Protocolo del Instituto Nacional Electoral (INE) para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género”, que brinda a la ciudadanía y a las mujeres víctimas de violencia directrices claras que guíen la actuación del personal público responsable de conocer este tipo de casos, desde el momento en que se presente la queja y con el fin de evitar su revictimización.
“Este protocolo es el resultado de años de trabajo y, recordemos que la violencia política contra las mujeres en razón de género es cualquier acción u omisión que busca menoscabar el derecho político de las mujeres, lo que estamos buscando con este documento, es que cuando llegue una persona a presentar una queja, cada una de las personas que laboramos en el INE sepamos cómo atenderla y canalizarla a la unidad adecuada, pero también saber qué hacer cuando existan casos que pueden o pudieran ser constitutivos de delito”, señaló Norma De la Cruz, quien estuvo acompañada por Ericka Esther Juárez Pardo, Líder de Proyecto de Análisis de Riesgo en Trabajo Social de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.
Asimismo, dio un marco histórico en el cual se puntualizaron los documentos e iniciativas que se dieron a lo largo de los años para llegar al más reciente Protocolo para la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres para garantizar su derecho a participar en los asuntos políticos de su entidad. “Es un instrumento vanguardista que está dando atención a los casos de violencia contra las mujeres y que parte de una perspectiva de género, de derechos humanos -pro persona-, y que especialmente, es de observancia general para todo el personal del Instituto. Que nos brinda una metodología de cómo actuar en el caso de que se presenten denuncias”
El objetivo general es establecer los ejes rectores para que cualquier persona que labore en los órganos desconcentrados, esté capacitada y pueda dar una buena atención y orientación en casos de violencia; para hacer un análisis de riesgo, y a partir de ese análisis, elaborar un plan de seguridad de la mano de la víctima.
“Aunque no seamos competentes detectamos que hay una urgencia de dictar medidas cautelares, nos da la guía de cómo realizar este análisis de riesgo, cómo se aplican los cuestionarios, cómo podemos leerlos, qué medidas de protección se tienen que hacer, se hace un énfasis en informar a las víctimas de sus derechos y de las posibilidades de cómo hacer un mejor ejercicio de ellos”, puntualizó la consejera De la Cruz.
Además, indicó que para presentar la denuncia, la solicitante puede acudir a cualquier oficina del INE y aseguró, que las y los trabajadores tendrán la capacidad y los conocimientos necesarios para dar una buena atención desde que se presenta hasta la fase del levantamiento de información para turnarla al área correspondiente.
El Protocolo promueve una cultura del ejercicio de los derechos político-electorales libres de violencia, que ayudará a nombrar, visibilizar, atender, sancionar, prevenir y eventualmente, erradicar estas manifestaciones de violencia en el país.
La consejera hizo una atenta invitación a las autoridades locales y jurisdiccionales a que adopten este Protocolo, para continuar en el desarrollo y el perfeccionamiento de nuestra democracia, que busca garantizar el libre ejercicio de los derechos sociales, civiles y políticos de todas y todos los mexicanos. El documento se puede consultar y descargar en la página www.ine.mx
El evento tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Aguascalentense de la Juventud (IAJU) en donde se dieron cita Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes y del INE, titulares de organizaciones civiles, académicos y miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.