La ley canadiense que permite la eutanasia, o Asistencia Médica para Morir está a punto de cambiar este año, pues se ampliará para incluir a quienes padecen enfermedades mentales. Actualmente, solo las personas cuya muerte se considera razonablemente previsible o que padecen una enfermedad debilitante pueden recibir asistencia médica para poner fin a su vida.

Sin embargo, la ampliación prevista ha desatado la polémica sobre el programa de muerte asistida en su conjunto y ha suscitado la preocupación de que pueda ser demasiado fácil morir en Canadá para las personas vulnerables. Esos temores se han visto avivados por una serie de informes recientes que sugieren que, para algunos, la muerte se ha utilizado como un parche para una red de seguridad social rota. “Convertir la muerte en una solución demasiado fácil perjudica a las personas más vulnerables y, de hecho, libera a la sociedad”, afirma a doctora Madeline Li, psiquiatra en el Hospital Princesa Margarita de Toronto. “No creo que la muerte deba ser la solución de la sociedad para sus propios fallos”.

El abogado Chris Considine, residente en Victoria, ha estado en la vanguardia de la defensa enérgica de la eutanasia desde hace tres décadas. A principios de los noventa, representó a Sue Rodríguez, que se estaba muriendo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), llevando su lucha por la muerte asistida por un médico hasta el Tribunal Supremo de Canadá. Aunque perdieron el caso por 5 votos a 4, la decisión fue revocada en 2016. Rodríguez consiguió la muerte asistida por un médico en febrero de 1994. Considine sigue apoyando el suicidio médicamente asistido, pero afirma que, a diferencia de una enfermedad terminal, las cuestiones relacionadas con la salud mental no están tan claras.

“Hay causas subyacentes a la salud mental que no son estrictamente orgánicas”, afirma Considine. “Puede haber depresiones causadas por viviendas precarias, malas perspectivas laborales y otros problemas, que llevan a la gente a una profunda depresión. Esos problemas podrían resolverse y, por tanto, puede que no sea realmente necesaria la eutanasia”. Considine dijo que si no se retrasa la fecha de marzo para ampliar la ley de eutanasia, espera que se establezcan directrices estrictas para que no se convierta en un sustituto de la vivienda, la atención sanitaria y otras formas de asistencia social.

El mes pasado, ante las crecientes críticas, el gobierno canadiense dijo que intentaría pausar la inclusión de las enfermedades mentales, prevista para el próximo 17 de marzo, para permitir un estudio adicional. La muerte médicamente asistida llegó a Canadá en 2015, cuando el Tribunal Supremo del país dictaminó que prohibir el suicidio asistido privaba a los canadienses de su dignidad y autonomía. Dio al Parlamento un año para redactar la legislación, y la ley de 2016 legalizó la muerte asistida para los canadienses mayores de 18 años con una enfermedad grave e irreversible, cuya muerte fuera “razonablemente previsible”. En ese primer año, algo más de 1.000 personas recibieron una muerte asistida, una cifra que ha crecido cada año desde entonces. En 2021, las cifras más recientes disponibles, hubo 10.064 casos, lo que representa el 3,3% de todas las muertes en Canadá.

La Dra. Li dice que celebra la decisión del Gobierno de retrasar la entrada en vigor de la ley y ha afirmado que los profesionales sanitarios tienen ahora la oportunidad de establecer las salvaguardias adecuadas. “Se acabó el tiempo de debatir sobre si debemos hacerlo”, dijo. “De lo que tenemos que empezar a hablar es de cuándo y cómo vamos a hacerlo bien”.