Se dice dispuesta a vigilar los procedimientos para enviar a Estados Unidos a ‘El Chapo’ Guzmán

La PGR cambió diametralmente de postura respecto de la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos.

A diferencia de hace un año, cuando su entonces titular Jesús Murillo Karam dijo que no había ninguna intención de extraditar al narcotraficante, la dependencia, hoy a cargo de Arely Gómez, afirmó que combatirá los recursos legales del capo para evitar su extradición.

“Esta representación social aportará elementos para combatir las excepciones del reclamado y mantendrá una estricta vigilancia en los procedimientos”, dijo la PGR en un comunicado sobre el procedimiento de extradición de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.

De acuerdo con la Ley de Extradición Internacional de México, hay excepciones por la cuales México no debe conceder la extradición, por ejemplo cuando el individuo tenga causa pendiente o estuviera cumpliendo condena por un delito distinto al que motive la petición de extradición, en cuyo caso la entrega se difiere hasta que se decrete la libertad definitiva.

La PGR informó ayer que una vez que Guzmán Loera fue recapturado se dará continuidad a “los respectivos procedimientos de extradición”.

El camino a la extradición comenzó formalmente el 16 de junio de 2015 —25 días antes de la fuga de El Chapo del penal de máxima seguridad El Altiplano—, cuando Estados Unidos hizo su primera petición. Ya prófugo, el 31 de agosto presentó una segunda solicitud.

En ambas peticiones ante Relaciones Exteriores, Estados Unidos reclamó a Guzmán por delitos como asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína, asociación delictuosa, delincuencia organizada, contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego prohibidas.

Después de la recaptura, se avivó el debate público de si debe ser extraditado a Estados Unidos o no, sobre todo porque el gobierno mexicano —con Murillo Karam— se había mostrado renuente a enviarlo a Estados Unidos, país que no hizo la solicitud formal de extradición hasta el 16 de junio de 2015, cuando fue recapturado el 22 de febrero de 2014.

En enero del año pasado, en entrevista con AP, Murillo Karam, entonces al frente de la PGR, dijo: “El Chapo se tiene que quedar aquí a cumplir su condena, y después lo extradito. Unos 300-400 años después,  falta mucho”.

La postura cambió, después de que Guzmán fue recapturado en Los Mochis, luego de haber estado prófugo 182 días y de que su abogado, Juan Pablo Badillo, anunciara que el narcotraficante tenía seis amparos en curso para evitar la extradición.

La PGR informó que el gobierno mexicano recibió las solicitudes de extradición de Estados Unidos y que el 25 de junio y el 3 de septiembre de 2015 la Cancillería determinó que las peticiones formales reunían los requisitos del tratado bilateral de extradición, por lo que las transmitió a la PGR.

A eso le siguió el análisis de la PGR, y el 29 de julio de 2015 y 18 de septiembre de 2015 (con El Chapo prófugo), se promovió ante los jueces federales (3° y 8° de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal) las órdenes de detención con fines de extradición internacional contra Guzmán Loera. Los jueces entonces las otorgaron y la PGR las transmitió a las autoridades correspondientes para su cumplimiento.

“La recaptura debe dar inicio a los respectivos procedimientos de extradición, los cuales, de acuerdo con la Ley de Extradición, tienen distintas etapas. Una vez notificado, el reclamado contará con un término de tres días para oponer excepciones y 20 días más para probarlas; este último término podrá ser extendido”, dice el comunicado de la PGR.

Una vez que los jueces emitan la opinión jurídica respectiva, los Juzgados están obligados a transmitir los expedientes a la Cancillería para que ésta, en un término de 20 días hábiles, emita los acuerdos correspondientes, donde se determinará sobre la entrega.