El INE ordenó suspender un spot donde critican a la familia presidencial, el cual presuntamente viola la Constitución Mexicana
Los diputados de Morena tendrán que suspender la difusión en radio de un espot donde critican a la familia presidencial, porque presuntamente viola la Constitución, ordenó el Instituto Nacional Electoral (INE).
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó lo anterior, luego de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) le solicitó decretar medidas cautelares, con el argumento de que está prohibido para partidos políticos y candidatos adquirir o contratar, por sí o por terceras personas, tiempos en radio y televisión.
En dicho espot una voz femenina señala: “Llegó el momento de que el pueblo retome las riendas del país. México está en su peor crisis. Mantenemos a una familia presidencial que nos cuesta 10 millones de pesos a la semana y que se siente intocable”.
Añade: “Los diputados de Morena impulsamos la revocación del mandato y la austeridad republicana. Es momento de quitar a los incompetentes, porque es justo que si tu los eliges, tú los puedas quitar. Llego el momento de que rindan cuentas. Morena construyó el cambio verdadero”.
En sesión extraordinaria urgente, dicha omisión determinó, por mayoría de votos de los consejeros electorales Adriana Favela y José Roberto Ruiz, y el voto en contra de su colega Beatriz Galindo, que dicho promocional, aún cuando hace alusión al trabajo legislativo de la fracción parlamentaria de Morena, contiene además elementos que promocionan a ese instituto político.
Desde la perspectiva de los consejeros, ello podría constituir una adquisición de tiempos de radio, lo que iría en contra del modelo de comunicación política.
La consejera Galindo fue la voz discordante al estimar necesario devolver el proyecto hasta en tanto se tenga respuesta a los requerimientos realizados al grupo parlamentario del partido político, para la emisión de un pronunciamiento considerando esa información.
El PVEM se quejó de una práctica que aplicó reiteradamente en 2014 y 2015, cuando sus fracciones parlamentarias contrataron la difusión de millones de promocionales para impulsar sus campañas rumbo a las elecciones federales, lo que se tradujo en millonarias multas.