Niños y adolescentes en México viven en condiciones de pobreza, tienen problemas de salud y 8 de cada 10 no logra los conocimientos requeridos para su nivel educativo; además, 6 de 10 han sido víctimas de violencia
A pesar de los avances alcanzados en los últimos años, la infancia y adolescencia en México enfrenta múltiples desafíos: la mitad vive en pobreza, una tercera parte tiene problemas de sobrepeso u obesidad y 80 por ciento no alcanza los conocimientos requeridos en su nivel educativo.
Y hay más: 6 de cada diez menores de edad han sido víctimas de violencia, mientras que un 20 por ciento no tiene un desarrollo adecuado para su edad.
Así lo advierte el informe anual 2017 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF) que aborda la situación de los 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes en ámbitos como la pobreza, la nutrición, educación, primera infancia, lactancia materna, violencia y migración.
“México cuenta con instituciones bastante fuertes, sólidas, sofisticadas en temas de derechos de niños, cuenta con leyes de avanzada en el tema y fue uno de los primeros países en ratificar la convención sobre los derechos del niño en 1990 pero todavía requiere hacer un mayor esfuerzo para que todos los niños y niñas accedan a todos los servicios y las condiciones que les permitan un pleno desarrollo”, detalla el informe de la UNICEF.
Al presentar el reporte el representante de UNICEF, Christian Skoog, informó que durante el año pasado se destinó el 39 por ciento de los recursos que recibieron para atender la emergencia generada por los sismos de septiembre.
Detalló que en 2017 se recibieron recursos por un total de 280 millones 629 mil 550 pesos provenientes de recaudaciones locales.
En el caso de los sismos, los recursos se emplearon en la protección de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de violencia, abuso y explotación, así como en establecer espacios amigables para la infancia.
También en promover la continuidad educativa y el pronto regreso a la escuela para evitar la deserción escolar y finalmente en garantizar el acceso a instalaciones adecuadas para el lavado de manos y saneamiento.