La dictadura de Nicaragua prohibió las procesiones religiosas por “seguridad interna”, en medio de una ofensiva contra la iglesia Católica

La norteña ciudad nicaragüense de Matagalpa vive un inusual operativo policial. Las principales calles de la ciudad están tomadas por policías con armas de guerra y agentes antimotines. Patrullas bloquean los accesos a un edificio esquinero pintado en color naranja oscuro, mientras drones vigilan ocasionalmente desde el cielo lo que pasa dentro de esa vieja casona.

Adentro, la comida y las medicinas han comenzado a escasear y la Policía ha impedido que los sitiados sean reabastecidos. No es un gran jefe narco ni un grupo terroristas quienes están cercados desde hace 10 días sino un obispo, cinco sacerdotes, dos seminaristas, dos camarógrafos y corista de cantos religiosos. La casona rodeada no es un cuartel, un búnker o una fortaleza, sino la Curia Episcopal de Matagalpa.

En Nicaragua, el uso de drones está prohibido a particulares. Al frente del operativo policial, el régimen nicaragüense puso al comisionado general Ramón Avellán, a quien el gobierno de Estados Unidos responsabiliza del asesinato de al menos 107 opositores.

El régimen de Daniel Ortega ordenó una investigación contra monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, a quien señala en un comunicado policial de intentar “organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía en la comunidad, con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.

El comunicado agrega que la Policía “ha iniciado un proceso de investigación, con la finalidad de determinar la responsabilidad penal de las personas involucradas en la comisión de estos actos delictivos, de los cuales se ha informado al Ministerio Público y al Poder Judicial”.

“Las personas investigadas se mantendrán en sus casas”, sentencia la Policía estableciendo un arresto domiciliar que según los juristas está fuera de sus facultades.

La actual ofensiva del régimen comenzó el lunes 1 de agosto cuando se ordenó el cierre de ocho emisoras católicas del departamento de Matagalpa, y un grupo de policías se presentó en la parroquia de Sébaco, con la intención de incautar el equipo de la radio que funcionaba ahí. Los feligreses acuerparon al párroco Uriel Vallejos, quien se vio obligado a refugiarse en la casa cural donde permaneció recluido durante 72. Su salida habría posible tras una negociación donde se comprometió a abandonar el país, informaron medios locales.

Simultáneamente, otro contingente de policías se desplegó en los alrededores de la Curia Episcopal de Matagalpa, donde vive el obispo Rolando Álvarez.

La mañana del jueves 4 de agosto, desafiando el cerco policial, monseñor Álvarez salió con la imagen de Jesús Sacramentado a la calle, donde oró, cantó y quiso abrazar a los policías que lo mantienen cercado. Ese mismo día, tanto Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, como algunos diputados oficialistas, afirmaron que el obispo estaba cometiendo delito al “fomentar el odio” con sus acciones, y poco después la Policía divulgó un comunicado en el cual anunciaba el inicio una investigación contra el prelado y otros religiosos que lo acompañan y la decisión de mantenerlos encerrados en la casona esquinera.

El cerco contra la Curia Episcopal donde permanece Álvarez y otros 10 religiosos se inscribe en una nueva ofensiva que el régimen de Daniel Ortega ha emprendido contra la iglesia Católica de Nicaragua, a la cual acusa de dirigir la rebelión ciudadana que se produjo en 2018, que la dictadura de Ortega denomina “intento de golpe de Estado”.

Según la investigadora nicaragüense Marta Molina, desde el 2018 hasta la fecha se han producido más de 250 agresiones contra la iglesia Católica de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo o sus simpatizantes. Las agresiones incluyen golpizas, quemas de templos, ataques a templos con armas de fuego, asedio, y encarcelamiento de dos sacerdotes, entre otras.

Unas 60 organizaciones nicaragüenses en el exilio escribieron al Papa Francisco pidiéndole que se pronuncie sobre la persecución que sufre su iglesia en Nicaragua. “Nicaragua es un país pequeño y empobrecido, pero somos un pueblo que solo quiere vivir en paz y libertad. Su Santidad Francisco, por todo lo anterior y todo el dolor vivido en Nicaragua, le rogamos, le imploramos: ‘No nos dejen solos’. No nos dejen solos en estos momentos. Escuchen nuestra palabra”, dice la carta.

Extraoficialmente se dice que el régimen estaría dándole al Vaticano la alternativa de que el obispo Álvarez abandone el país para no ser encarcelado. “No me voy de mi patria”, habría respondido Álvarez, según el periodista especializado en temas católicos, Emiliano Chamorro, director del portal Portavoz Ciudadano.

Este jueves, después de seis días de silencio, monseñor Rolando Álvarez reapareció en una transmisión en vivo para celebrar la misa del Santísimo en la Curia Episcopal donde se encuentra recluido junto a otras diez personas.

En Matagalpa, dice una fuente que pide anonimato, se vive “mucha tensión” pues se espera en cualquier momento un desenlace al cerco policial en la Curia, que pueda terminar con monseñor Álvarez en la cárcel o saliendo al exilio como ya lo hizo el obispo Silvio Báez en abril de 2019.

Mientras tanto, la Policía ha citado a los ciudadanos que han manifestado su apoyo al obispo cercado, amenazándolos con cárcel si siguen pronunciándose, y ha prohibido las procesiones religiosas según informó en un comunicado la Arquidiócesis de Managua y en declaraciones independientes sacerdotes de otras parroquias.

“La Policía Nacional nos ha comunicado que por motivo de seguridad interna no se permite el desarrollo de la procesión programada para las 07.00 horas del 13 de agosto”, reza el comunicado divulgado este viernes por la Arquidiócesis de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes.