Jueces y magistrados federales se unieron este miércoles al paro indefinido de labores que trabajadores de diversos sectores del Poder Judicial en México realizan en un hecho inédito desde el lunes contra una polémica reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que plantea la elección de juzgadores por voto popular.

Integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de México, la Jufed, encabezaron la víspera una vigilia en las escalinatas en la sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, en la capital del país, donde se pronunciaron sobre esta iniciativa que el oficialismo busca aprobar en la próxima Legislatura, a partir del 1 de septiembre.

«Nos encontramos en un punto de inflexión. Una reforma legislativa promovida por el presidente de la República y tramitada por una mayoría parlamentaria amenaza con socavar los pilares mismos sobre los cuales se asienta nuestro Estado de derecho”, leyó en su discurso la jueza Juana Fuentes, directora de la Jufed.

La organización dijo que esta huelga continuará «hasta en tanto no se satisfaga la petición referida para dialogar y detener el proceso de reforma” y detallaron que mientras dure la suspensión de actividades «no se realizarán ni ordenarán audiencias, diligencias ni actos procesales con partes, terceros ni autoridades, y no proveerán respecto de demanda, promoción, oficio ni escrito alguno».

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se sumaron de momento a este paro de labores, según un comunicado emitido este martes por la Jufed.

Los empleados del Poder Judicial cerraron sus oficinas en varios estados del país para denunciar que los cambios propuestos al Congreso por el presidente mexicano vulnerarían sus derechos y condiciones laborales y afectarían la carrera judicial.

Desde su habitual conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que respeta el derecho de manifestarse de los trabajadores, aunque volvió a acusar que hay corrupción entre los juzgadores.

«Son libres, independientemente de la normatividad, porque la libertad es lo más sublime. Es algo a que tienen derecho, y además la libertad no se implora, se conquista. Eso que lo tengan muy claro. Lo segundo es que nosotros no reprimimos, no somos represores», dijo López Obrador.

La huelga llega luego de que el fin de semana el bloque oficialista alistara el proyecto de dictamen de la reforma al Poder Judicial que será enviado a la próxima Legislatura, el 1 de septiembre, y que presenta un centenar de modificaciones de la reforma original enviada por López Obrador, según el líder del oficialismo en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.

Este martes, el líder de la bancada del partido oficialista Morena en Diputados dijo a periodistas que a pesar del paro de labores la reforma será dictaminada el lunes 26.

Mier señaló que antes de que el proyecto de dictamen de dicha reforma llegara al Congreso se realizaron foros en todo el país con integrantes de diversos sectores del Poder Judicial donde se escucharon a «todas las voces».

Uno de los cambios de la iniciativa es el referente a los tiempos en los que los jueces y los ministros serán elegidos por voto popular, uno de los puntos más polémicos de dicha reforma, ya que propone modificar el artículo 95 de la Constitución para elegir a los jueces por voto directo y secreto por un periodo de 12 años, y no 15, la duración actual de sus mandatos.

Otro de los puntos planteados es el de eliminar el sistema a través del cual jueces y empleados del Poder Judicial pueden ascender de puesto de acuerdo con su experiencia profesional.

En México, la Ley de Carrera Judicial establece un sistema meritocrático con concursos y cursos obligatorios para acceder y ascender en los diferentes niveles de la carrera judicial. Los concursos de oposición se realizan en tres fases: cuestionarios, admisión al curso de formación para jueces y una evaluación final por un jurado a través de diversos métodos establecidos por la Escuela Federal de Formación Judicial.

López Obrador, quien concluirá su sexenio el próximo 30 de septiembre, ha arremetido con frecuencia contra el Poder Judicial, afirmando que entre jueces y magistrados hay funcionarios corruptos.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, apoya la propuesta de López Obrador, que también promueve un tribunal de disciplina judicial para evaluar el desempeño de los jueces en lugar del Consejo de la Judicatura Federal, órgano administrativo y disciplinario.

La oposición en México ha pedido al Gobierno federal que la reforma al Poder Judicial sea gradual a fin de no perder la independencia y autonomía de los juzgadores en el país.

La comisión legislativa busca discutir el proyecto de dictamen de la reforma judicial esta semana para luego enviarlo a la siguiente Legislatura, que inicia el 1 de septiembre próximo.