Medio locales afirman que Lula y su esposa ocultaron su patrimonio al negar la propiedad de un departamento de tres plantas en la localidad costera de Guarujá

La fiscalía de Sao Paulo denunció al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva por lavado de dinero y falsedad ideológica, a días de haber sido interrogado por la policía por su supuesta implicación en la trama de corrupción en Petrobras.

Se trata de una denuncia que no fue realizada por los fiscales que el viernes pasado pidieron el interrogatorio policial de Lula, ya que se produce en Sao Paulo y no en Curitiba, capital del estado de Paraná y donde es coordinada la Operación Lava Jato (Operación Limpieza) contra la corrupción en la petrolera estatal brasileña.

Aunque el Ministerio Público de Sao Paulo rechazó dar detalles hasta mañana jueves, la prensa brasileña asegura que Lula y su esposa, Marisa Leticia, fueron denunciados en un documento de 192 páginas por lavado de dinero y falsedad ideológica en el marco de otra trama, el denominado caso Bancoop.

Ambos son acusados de tratar de ocultar su patrimonio al negar la propiedad de un departamento de tres plantas en la localidad costera de Guarujá que, según los investigadores, sí les pertenece.

Además de ellos, uno de los hijos de la pareja, Fabio Luís Lula da Silva; el ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari; dirigentes de una constructora brasileña y otras 11 personas, están acusados de organización criminal y estelionato (fraude).

Esta denuncia no se enmarca en la Operación Lava Jato, sino en otra causa en la que Lula era sospechoso.

Esta nueva causa tiene que ver con la quiebra de inversiones inmobiliarias de la Cooperativa Habitacional de los Banqueros de Sao Paulo (Bancoop), como consecuencia de supuestos desvíos para financiar campañas del PT entre 2002 y 2004.

En el centro de las sospechas contra el expresidente –tanto en el Lava Jato como en el caso Bancoop- está un departamento de tres plantas, cuya propiedad niega la familia del exmandatario, pero que los investigadores le atribuyen con base en pruebas documentales.

La policía asegura que el lujoso tríplex –con piscina y ascensor interno- sería del exmandatario, quien habría realizado una profunda reforma de éste con dinero procedente de dos constructoras –OAS y Odebrecht- investigadas en la operación Lava Jato.