El Partido Acción Nacional en representación de su dirigente estatal y legisladores federales y estatales, exigieron que se aplique todo el peso de la ley a la candidata de la corrupción Lorena Martínez Rodríguez, por omitir en su declaración de conclusión de cargo como Alcaldesa de Aguascalientes, un inmueble  ubicado en la Ciudad de México.

En su declaración 3 de 3, la candidata del PRI incluye un departamento en Coyoacán, en la capital del país, con un costo muy por debajo del real, ya que lo manifiesta con un precio de 3 millones 800 mil pesos cuando está valuado en alrededor de 10 millones.

El Presidente Estatal del PAN, Paulo Martínez López, acompañado por el Senador Jesús Santana García, los diputados federales Jorge López Martín, Arlette Muñoz Cervantes y Gerardo Salas Díaz; así como los legisladores locales Sylvia Garfias, Martha Márquez Alvarado y Mario Álvarez Michaus,  acudieron a las instalaciones de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas para pedir a Carmen Teresa Ramírez Andrade, sea garante de la veracidad, y que Lorena Martínez sea sancionada por mentir de manera sistemática; sin embargo, ningún funcionario de la dependencia estatal quiso atender a los representantes populares. 

“En Acción Nacional pedimos que se actúe de inmediato, que se respete la ley, que la candidata oficial sea sancionada por mentir una y otra vez de manera sistemática”, comentó el presidente del PAN.

Bajo la premisa de que el Grupo Parlamentario del PAN -tanto a nivel local como federal-, promueven la transparencia y la rendición de cuentas, los legisladores pidieron una respuesta concreta sobre el asunto, pues se trata de un tema de falsedad e ilegalidad.

Por lo anterior, los ciudadanos de Aguascalientes, demandamos y exigimos el respeto a la verdad y que nuestras instituciones se pronuncien al respecto, caiga quien tenga que caer, que la opacidad y el compadrazgo no existan más en las instituciones y que nadie esté por encima de la ley.

Cabe recordar que la candidata del PRI, su vocera y su partido, reconocieron que existe el inmueble comprado en la ciudad de México en copropiedad con Lucila Guerra mientras fue alcaldesa; posteriormente confesada en su 3 de 3 lo cual no aparece en su declaración al finalizar su cargo como presidenta municipal.