El Gobierno argumentó que no ha podido reunificar a 46 menores porque sus padres tienen “antecedentes criminales graves”, han sido deportados o están encarcelados
El Gobierno estadunidense ha reunido a 57 niños menores de cinco años con sus padres y ha dejado a otros 46 en espera por diferentes motivos después de no cumplir el plazo dado por la Justicia para proceder a reunificar a 103 pequeños que fueron separados de sus familias en la frontera con México.
“Las reunificaciones iniciales se completaron. Durante todo el proceso de reunificación, nuestro objetivo ha sido el bienestar de los niños y su regreso a un entorno seguro”, indicaron en un comunicado conjunto el secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar; el fiscal general, Jeff Sessions, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.
Los tres miembros de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, aseguraron que sus procedimientos “cuidadosos” de reunificación familiar han prevenido que los niños fueran reunidos con un “presunto asesino”, un adulto “condenado por abuso infantil” y mayores de edad que no son sus padres biológicos.
De hecho, el Gobierno precisó en su nota que no ha podido reunificar a 46 menores porque sus padres tienen “antecedentes criminales graves”, han sido deportados o están encarcelados, entre otras cuestiones.
En la lista detallada por el Departamento de Salud aparecen 22 menores de cinco años que no han sido entregados a sus progenitores por “motivos de seguridad”.
De acuerdo al listado, 11 padres tienen “antecedentes criminales graves”, incluyendo condenas por crueldad infantil, secuestro, asesinato, contrabando humano y violencia doméstica.
Además, siete de los adultos que reclamaron a los bebés no eran sus padres biológicos, uno falsificó un certificado de nacimiento, otro ha sido condenado por abuso infantil y otro más está siendo tratado por una enfermedad contagiosa.
Por otro lado, 24 niños no pueden ser devueltos a sus padres “debido a varias circunstancias”, según el Gobierno.
Doce de ellos ya han sido deportados, nueve están encarcelados por “otros delitos”, dos se encuentran bajo custodia en cárceles estatales y uno de ellos está en paradero desconocido.
Cerca de 3,000 menores fueron separados de sus padres desde que el pasado mes de abril la Casa Blanca decidiera adoptar una política de “tolerancia cero” contra los inmigrantes que entraban al país irregularmente por la frontera con México, medida que finalmente fue suspendida a mediados del mes pasado por las enormes críticas recibidas.
Sin embargo, el juez federal Dana Sabraw determinó a finales de junio que el Gobierno debía reunificar a estas familias y dio 14 días de plazo a la Administración para cumplir con la sentencia en el caso de los menores de 5 años, que expiró este martes, y de 30 días para los mayores de esa edad.
Por este motivo, en las últimas semanas las autoridades han estado trabajando a contrarreloj para poder certificar la relación familiar de los menores y sus progenitores, lo que llevó a la Administración a destinar a un equipo de 230 personas para realizar pruebas de ADN que permitieran establecer el parentesco.
Detención de niños ahora es un gran negocio
La detención de niños migrantes se ha convertido en un gran negocio en Estados Unidos que hoy en día asciende a mil millones de dólares anuales, 10 veces más de lo que era una década atrás, de acuerdo con un análisis de la AP.
Los fondos cedidos por el Departamento de Salud y Asistencia Social para alojamiento, acogida temporal y otros servicios de bienestar infantil para niños separados de sus familias o llegados sin acompañante han aumentado de 74,5 millones de dólares en el 2007 a 958 millones en el 2017. La agencia está examinando nuevas propuestas ahora que el gobierno estadounidense está tratando de mantener a los niños migrantes bajo custodia.