A más de dos años de que la justicia española archivara provisionalmente el caso del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira, el juez de la Audiencia Nacional de España Santiago Pedraz accedió el miércoles a reabrir la causa contra el también expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por presunto lavado de dinero y posibles vínculos con grupos criminales, según reportes de la prensa ibérica.

Fue la Fiscalía Anticorrupción española la que solicitó al juez Pedraz la reapertura del caso contra Moreira tras recoger nueva información en la que se le involucra en un delito de lavado de dinero.

Lo más sobresaliente de los nuevos testimonios recogidos por la Fiscalía es que el exgobernador de Coahuila, durante su mandato, presuntamente se habría apropiado de unos 3,000 millones de pesos mediante actos de corrupción y malversación de recursos públicos.

También, la Fiscalía tiene indicios de que Moreira habría formado «una estructura societaria, sin actividad real, con la intervención de testaferros y con el fin de dar cobertura a ese enriquecimiento ilegal», además de relacionesposibles con cárteles del narcotráficodurante su etapa de gobernador.

De acuerdo con el diario español La Vanguardia, la Fiscalía Anticorrupción considera que con los nuevos testimonios ha quedado rota la legitimación del dinero del que disfrutó Moreira en España, «resultando, por tanto, que el patrimonio detectado a Moreira es el afloramiento de los beneficios obtenidos por los actos de corrupción y de vinculación con el crimen organizado».

Los testimonios referidos son de dos personas que se encuentran en San Antonio, Texas, a donde se trasladaron los fiscales José Grinda y Juan José Rosa para entrevistarse con testigos protegidos de la fiscalía de Estados Unidos, la cual mantiene abierta una investigación sobre lavado de dinero y narcotráfico en la que se involucra al empresario Rolando González Treviño, el extesorero estatal Javier Villarreal y el exgobernador interino Jorge Torres; el primero ya sentenciado, el segundo en espera de sentencia y el tercero prófugo de la justicia.

De acuerdo con el diario español El País, el juez Pedraz aprobó una comisión rogatoria a San Antonio para interrogar a las dos personas que acusan al expresidente del PRI, y otra petición de auxilio judicial a México para que se investiguen las sociedades del político mexicano y examine la documentación que presentó al juez en España sobre el origen de sus ingresos.

En respuesta, la defensa de Humberto Moreira, a través de Facebook, publicó un comunicado en el que acusa una grave violación a sus garantías ya que las diligencias practicadas por la fiscalía española «no se ajustan a derecho».

«Las diligencias que solicita la investigación de la fiscalía consisten en la ratificación de los testimonios que Héctor Javier Villarreal y Rolando González Treviño habrían prestado en San Antonio (Texas) y que se habrían producido sin intervención de la defensa del Sr. Moreira», se lee en el comunicado.

Moreira fue gobernador de Coahuila de 2005 a 2011, año en el que pidió licencia para convertirse en presidente del PRI, cargo al que renunció luego de que se destapó el caso de la deuda de Coahuila contratada durante su gobierno por 35,547 millones de pesos, en parte con documentos ilegales.

Moreira fue detenido en enero de 2016 en España por los delitos de lavado de dinero, malversación de recursos públicos, cohecho y organización criminal. Una semana después fue puesto en libertad provisional al acreditar origen de recursos y tras la movilización de la maquinaria diplomática del gobierno mexicano, según reportó El País. En febrero la causa quedó archivada.

El Siglo de Torreón buscó la postura del actual gobierno de Coahuila sobre la reapertura del caso Humberto Moreira, pero no obtuvo respuesta.

(Con información de El País y La Vanguardia)