Un legislador panista pidió al canciller Luis Videgaray reclamar a Estados Unidos la mitad de los 22 mil millones de dólares que las cortes de ese país prevén incautar al capo
El legislador panista Juan Alberto Blanco urgió al canciller Luis Videgaray a reclamar a Estados Unidos la mitad de los 22 mil millones de dólares que las cortes de ese país prevén incautar a Joaquín «El Chapo» Guzmán y que el senador republicano Ted Cruz propuso destinar a la construcción del muro fronterizo.
Blanco señaló que la Unión Americana puede hacer lo que mejor considere con su parte de los bienes que decomisen a «El Chapo», pero advirtió que no tiene derecho a disponer del 50 por ciento que corresponde a México, según los acuerdos de reciprocidad internacional.
Ted Cruz presentó el pasado martes en el Congreso estadunidense un proyecto de ley para destinar los bienes incautados al líder del Cártel de Sinaloa al financiamiento del muro y a reforzar la seguridad fronteriza.
«El senador Cruz está haciendo referencia nada más a los 14 mil millones que tiene Nueva York, pero aquí hay como 22 mil millones que le corresponden a ‘El Chapo’ y de los cuales a México le corresponde legítimamente la mitad; entonces, nosotros pedimos que se respeten los convenios de reciprocidad y otorguen a México la parte que le corresponde», explicó Blanco.
Entrevistado en el Palacio de San Lázaro, el diputado federal del PAN emplazó asimismo al secretario de Relaciones Exteriores a iniciar a la brevedad el reclamo de ese dinero para México.
Lamentó que Videgaray haya omitido en el convenio de extradición de Guzmán a Estados Unidos el reclamo expreso de la mitad de los bienes que le sean incautados.
«El Chapo fue entregado con todo y bienes por nuestro incompetente canciller, cuando lo que se debió haber hecho era asegurar primero el 50 por ciento que corresponde a los mexicanos y después entregar a Joaquín Guzmán; esto queda de manifiesto cuando tenemos funcionarios que están aprendiendo en su cargo», dijo.
Blanco recordó que los acuerdos de reciprocidad internacional prevén el reparto de los bienes decomisados a los delincuentes sujetos a extradición, a fin de que los estados involucrados puedan destinar esos recursos al resarcimiento de daños generados por el crimen organizado.