El Gobierno italiano decretó hoy el estado de emergencia en la zona del derrumbe de un puente en Génova y anunció que destinará 5 millones de euros para las primeras acciones urgentes de un siniestro que ha causado al menos 39 muertos y 16 heridos.

El balance provisional del suceso ocurrido el martes es de 39 muertos, entre ellos tres menores de ocho, doce y trece años, y cuatro ciudadanos franceses, según cifras de la Delegación del Gobierno en Génova.

Hay además 16 heridos, nueve de ellos graves, por lo que tres han salido del estado de gravedad en las últimas horas.

El suceso tuvo lugar cuando un tramo de unos cien metros del puente Morandi, construido en la década de 1960, se vino abajo y sepultó a los coches que circulaban por él en ese momento.

El viaducto transcurre sobre una zona urbana en la que hay centros comerciales, edificios residenciales y áreas industriales, y los equipos de emergencia temen que puedan producirse ulteriores desplomes, por lo que han sido desalojadas 634 personas de edificios adyacentes.

La mayoría han pasado la noche en casas de familiares, informó el primer ministro italiano, Giuseppe Conte en rueda de prensa, aunque también ha habido otros que se encuentran en campamentos improvisados en centros que han facilitado las autoridades locales.

El Gobierno de coalición italiano entre los antisistema del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga celebró hoy una reunión extraordinaria en esta ciudad italiana.

A ella asistieron Conte, los vicepresidentes, Luigi Di Maio (M5S) y Matteo Salvini (Liga), y el ministro de Infraestructuras, Danilo Toninelli, mientras que el resto de ministros, excepto dos, siguieron la reunión a través de dispositivos audiovisuales, aseguraron fuentes oficiales.

En la reunión, se decretó el estado de emergencia por doce meses en la zona siniestrada y se decidió movilizar un paquete de 5 millones de euros para cubrir las primeras intervenciones urgentes, dijo Conte.

Será un punto de partida que deberá ser incrementado a medio plazo para las acciones de reconstrucción y otras cuestiones que por el momento no son prioritarias, señaló el primer ministro.

Paralelamente, se decidió comenzar «el procedimiento para la revocación de la concesión a la empresa Autostrade per l’Italia», filial de Atlantia y responsable del mantenimiento del puente derrumbado.

Conte avanzó que «el Gobierno, a la hora de otorgar nuevas concesiones, será mucho más riguroso en la evaluación de las cláusulas» para evitar que siniestros como el de Génova se repitan en el futuro.

Además, desarrollará un plan extraordinario que contemple controles en todas las infraestructuras del país, «muchas construidas entre los años 50 y 70, y que sufren cierto degrado».

Se nombrará próximamente a un comisario para que se encargue de vigilar el correcto desarrollo de las obras de reconstrucción del puente, en cuya financiación deberá intervenir, al menos en parte, la compañía Autostrade, subrayó Toninelli.

El ministro de Infraestructuras pidió hoy la dimisión de los directivos de la concesionaria, después de que esta reconociera en un comunicado que en estos momentos estaba trabajando para afianzar el pavimento del puente.

Unas labores que la compañía asegura que contaban con continua supervisión y que el puente también había pasado los controles periódicos pertinentes y sujetos a la normativa del país.

“Si no son capaces de gestionar nuestras autopistas, el Estado lo hará», apuntó Toninelli, al tiempo que garantizó que el Ejecutivo está preparado para estudiar la imposición de multas de hasta 150 millones de euros a las compañías que no inviertan en la manutención de las carreteras que gestionan.

En la misma línea se ha mostrado el ministro del Interior y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, quien ha dicho que los culpables asumirán sus responsabilidades.

“El puente estaba bajo control de una empresa que gana millones de euros y que evidentemente no ha hecho lo que debía. Revocar la concesión es lo mínimo», opinó.

Consideró que «en los próximos presupuestos debe haber una partida para mejorar las infraestructuras del país, más allá de las exigencias de las instituciones europeas».

La Fiscalía de Génova ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso y el fiscal general de esta ciudad, Francesco Cozzi, declaró a la televisión pública italiana que el incidente «no ha sido una fatalidad, sino un error humano».

Mientras, mil efectivos, entre bomberos, equipos de protección civil, policía municipal y de asistencia sanitaria se afanan por limpiar la zona de los escombros.

El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Luca Cari, confesó que los equipos de emergencia son «conscientes del riesgo de que se produzcan más derrumbes» pero aún así «siguen trabajando sin descanso en búsqueda de posibles supervivientes».