Decenas de estados demandaron este martes a Meta, la empresa matriz de Instagram, acusando al gigante de las redes sociales de perjudicar la salud mental de los jóvenes usuarios a través de funciones supuestamente adictivas, como las infinitas fuentes de noticias y las notificaciones frecuentes que exigen la atención constante de los usuarios.

En una demanda federal presentada en California por 33 fiscales generales, los estados alegan que los productos de Meta han perjudicado a los menores y han contribuido a una crisis de salud mental en Estados Unidos.

«Meta se ha beneficiado del dolor de los menores al diseñar intencionalmente sus plataformas con características manipuladoras que convierten a los menores en adictos a sus plataformas al tiempo que disminuyen su autoestima», dijo Letitia James, fiscal general de Nueva York, uno de los estados implicados en la demanda federal. «Las empresas de redes sociales, incluida Meta, han contribuido a una crisis nacional de salud mental juvenil y deben rendir cuentas. Estoy orgullosa de unirme a mis colegas fiscales generales para detener las tácticas dañinas de Meta y mantener seguros a los menores en internet».

Otros ocho fiscales generales demandaron a Meta este martes en varios tribunales estatales de todo el país, tras una enorme demanda federal multiestatal contra el gigante de las redes sociales alegando que la empresa ha perjudicado la salud mental de los usuarios a través de una tecnología adictiva.

Nuevas líneas de batalla

El ataque legal del martes supone el último intento de los estados de frenar a las grandes plataformas tecnológicas ante el temor de que las empresas de redes sociales estén alimentando un aumento de la depresión juvenil y las ideas suicidas.

Esta medida sigue a una serie de leyes promulgadas en estados que van desde Arkansas a Louisiana, que toman medidas drásticas contra las redes sociales estableciendo nuevos requisitos para las plataformas en línea que desean prestar servicios a adolescentes y niños, como exigir que obtengan el consentimiento de los padres antes de crear una cuenta para un menor o que verifiquen la edad de los usuarios.

En algunos casos, la industria tecnológica ha impugnado esas leyes ante los tribunales, por ejemplo, alegando que la ley de redes sociales de Arkansas vulnera el derecho de los residentes a acceder a la información consagrado en la Primera Enmienda.

Las denuncias presentadas ante los tribunales estatales alegan violaciones de diversas leyes específicas de cada estado. Por ejemplo, la denuncia del fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, acusa a Meta de violar la ley de protección del consumidor del distrito al engañar al público sobre la seguridad de las plataformas de la empresa.

«Compartimos el compromiso del fiscal general de proporcionar a los adolescentes experiencias seguras y positivas en línea, y ya hemos introducido más de 30 herramientas para apoyar a los adolescentes y sus familias», dijo Meta en un comunicado. «Nos decepciona que, en lugar de trabajar de forma productiva con empresas de todo el sector para crear normas claras y adecuadas a la edad para las numerosas aplicaciones que utilizan los adolescentes, los fiscales generales hayan elegido este camino».

Más batallas en California

Las demandas del martes se producen días antes de que un juez federal de California examine una serie de acusaciones similares contra el sector tecnológico en general. En una audiencia el viernes por la mañana, se espera que la jueza de distrito Yvonne González Rogers escuche los argumentos de Google, Meta, Snap y TikTok instándola a desestimar casi 200 demandas de demandantes particulares que han acusado a las empresas de crear adicción o perjudicar a sus usuarios.

En la demanda federal multiestatal de este martes participan California, Colorado, Connecticut, Delaware, Georgia, Hawai, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Virginia, Washington, Virginia Occidental y Wisconsin.

Las demandas adicionales presentadas ante tribunales estatales fueron interpuestas por el Distrito de Columbia, Massachusetts, Mississippi, Nueva Hampshire, Oklahoma, Tennessee, Utah y Vermont.