El país andino se propone dejar atrás el modelo prohibicionista que no ha derivado en la disminución de los cultivos
Colombia pidió este lunes una revisión de la actual clasificación que mantiene a la hoja de coca en la lista de sustancias controladas durante las sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que se desarrollan en Viena.
Para Colombia, ubicar la hoja de coca en la nómina de la Convención Única en 1961 sobre Estupefacientes «constituyó un error histórico contra los pueblos autóctonos de los Andes», aseguró durante el debate general la viceministra colombiana de Asuntos Multilaterales, Laura Gil.»
«La planta no es el problema, es parte de nuestra historia y nuestras tradiciones», añadió Gil y exhortó a los demás países a apoyar su iniciativa.
La Comisión de Estupefacientes se compone de 53 Estados miembros y tiene el mandato de decidir sobre el alcance de la fiscalización de drogas.
La propuesta sobre la hoja de coca -materia prima de la cocaína- se enmarca en una nueva política de drogas que Colombia impulsa desde hace seis meses cuando llegó al poder Gustavo Petro, el primer presidente de tendencia izquierdista en la historia del país.
«Colombia está cansada de poner los muertos y cansada de perseguir a sus campesinos en esta guerra contra las drogas que fracasó», aseguró Gil ente la Comisión.
El país andino se propone dejar atrás el modelo prohibicionista que por años ha seguido y que no ha derivado en la disminución de los cultivos, señaló Gil.
En 2021 se llegó a un nivel histórico de 204 mil hectáreas sembradas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Gil aseguró que el aumento histórico de los cultivos ilícitos ha dejado un lastre de violencia, pese a que las cifras oficiales indican que en las últimas dos décadas se erradicaron de forma manual de más de un millón de hectáreas de cultivos ilícitos, se fumigaron con el herbicida glifosato dos millones de hectáreas y se incautaron seis mul toneladas de cocaína.
La nueva política de drogas de Colombia busca evitar que se persiga al campesino cultivador y enfocar los esfuerzos de la fuerza pública en los grandes eslabones del narcotráfico y el lavado de dinero.
También busca que primen los programas para que los campesinos sustituyan voluntariamente los cultivos ilícitos por los legales y disminuir la erradicación forzosa.