Informó que a denuncia del PRI, la FEPADE lleva a cabo una indagatoria, por el posible uso de financiamiento ilícito en una campaña electoral

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), firmó un convenio de trabajo con el Gobierno de Coahuila, con la finalidad de difundir entre los servidores públicos y la población en general, las acciones instrumentadas para prevenir, sancionar y perseguir los delitos electorales en los próximos comicios.

Aparte, la Fiscalía pide a “a todos los actores sociales”, incluso obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica y ministros de culto de todas las religiones, que inviten a sus feligreses a votar.

Ante los representantes del gobierno estatal, así como los funcionarios locales y federales, el titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, hizo un llamado a los servidores públicos de la entidad a mantenerse al margen de los procesos electorales, y evitar incurrir en algún tipo de delito electoral.

“No puedo dar datos por el deber de sigilo en la investigación, pero efectivamente se han solicitado información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a Banorte para saber cuál es el origen y el destino de los recursos, no puedo dar más datos por el deber y el sigilo de la averiguación previa”.

Pese a que la FEPADE no reveló el nombre, se especula que se trata de Rosalinda Arredondo, aspirante a la Gubernatura de Coahuila, pues anteriormente se le habían detectado firmas y claves de electores de personas fallecidas y con suspensión de derechos políticos.

Agregó que en el Estado de México existe una investigación paralela tras una denuncia similar, en la cual también está involucrado Banorte.

Las entidades donde se realizarán elecciones son Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz

No se ha cumplimentado la orden de aprehensión. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Coahuila presentó ante la PGR una denuncia penal contra Anaya e integrantes de su equipo de campaña por el supuesto uso de tarjetas, mediante las cuales se paga a más de seis mil personas hasta dos mil 500 pesos por semana para coaccionar el voto, a través de la “Operación Lavadero con Tarjetas”.