La secretaria de Seguridad argumentó que este decreto busca generar certeza sobre la propiedad de unidades que proceden del extranjero y son usados para cometer homicidios y otros delitos
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el acuerdo para regularizar vehículos de procedencia extranjera, llamados autos chocolate, en un programa que abarcará siete estados de la frontera norte de México.
Tal como había adelantado la administración federal, ese decreto busca registrar unidades que ya están en municipios de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La cuota de regularización rondará los 2 mil 500 pesos y lo recaudado será para reparar vialidades.
López Obrador firmó el documento en Ensenada, Baja California, estado en que se encuentra de gira desde el viernes reciente, siguió este sábado y, continuará mañana 17 de octubre en Rosarito y Tijuana. El presidente adelantó que en este municipio anunciará una obra de gran magnitud y beneficio para los y las bajacalifornianas.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, dijo que tan solo en Baja California circulan cerca de 500 mil autos irregulares de procedencia extranjera, en su mayoría, de Estados Unidos.
“Van a ser como mil 300 millones de pesos para los seis municipios y puede ser que le toque a San Felipe, también, para el año próximo”, calculó el presidente.
La secretaria de Seguridad argumentó que se busca dar certeza patrimonial a los dueños de estos vehículos, pero sobre todo, que se tenga claridad de quienes los adquirieron, porque la delincuencia organizada se ha valido de los autos irregulares para cometer asesinatos y otros delitos.
“Con la regularización y registro de estos autos de procedencia extranjera podremos tener un padrón confiable para identificarlos y evitar que sean utilizados por bandas criminales de forma anónima”, explicó Rosa Icela Rodríguez.
Y es que desde el primero de noviembre del 2019 al 30 de agosto de 2020 fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales de Baja California, 370 vehículos usados para la comisión de homicidios calificados, 78% de los cuales son de origen extranjero e irregulares.
“Sabemos que mucha gente decide comprar estos vehículos y los usa para llevar a sus hijos a las escuelas, para su jornada laboral en el campo o para realizar sus actividades cotidianas. A ellos también les queremos dar certeza jurídica en su patrimonio para evitar extorsiones”, añadió.
Por su parte, el presidente se congratuló con el apoyo recibido en las elecciones de junio pasado, donde Morena obtuvo la gubernatura con Marina del Pilar.
“En este estado no se perdió ni un solo distrito electoral federal, no ganaron los conservadores reaccionarios ni un solo distrito electoral federal aquí en Baja California. Entonces, imagínense si no estoy contento con el pueblo de Baja California”, sonrió ante la gobernadora electa y Jaime Bonilla, quien aún sigue al frente del estado.
Pero López Obrador dijo que la regularización de los autos chocolate no obedecía a ningún pago de favores. En el evento también estuvieron representantes de la Secretaría de Bienestar, así como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Igual acudió la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, entre otras autoridades locales y federales.
En las inmediaciones, el presidente fue recibido por simpatizantes, así como otras personas que le pidieron apoyo, porque el pago de su jubilación aún no ha llegado. AMLO aprovechó para saludar a la gente arremolinada tras vallas metálicas y con nulas precauciones por el contagio de COVID-19, salvo algunos que portaban cubrebocas.
Desde el 2013, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autopromotores (AMDA) anunció que dichos autos frenan el desarrollo automotriz en el país y de acuerdo con sus cifras, uno de cada tres automóviles se encuentran en esta situación.
Por otra parte, muchos de estos vehículos suelen ser de “desecho” o reconstruidos tras el paso de huracanes en Estados Unidos o Canadá y no son aptos para circular.
En 2006 Fox permitió la legalización de autos usados importados, lo que ocasionó que se importaran más de un millón de autos de Estados Unidos, además de que la medida ocasionó una caída en la venta de automóviles en un 30 por ciento.