El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, advirtió este jueves que los alcaldes opositores que promuevan protestas contra el Gobierno, como las que se efectuaron entre abril y julio, serán puestos a la orden de la justicia.

“Los mandatarios locales opositores que se pasen de la raya deberán ser puestos inmediatamente a la orden de la justicia. Tenemos que preservar la paz conquistada”, señaló el funcionario.

En el acto de juramentación de 18 alcaldes elegidos en la región occidental de Mérida, El Aissami llamó a la Fiscalía General a abrir investigaciones a quienes incitaron a las protestas contra el Gobierno este año, que entre abril y julio dejaron más de 100 muertos.

Al respecto, instó al fiscal general interior Tarek William Saab aplicar la justicia en el país.

“Aún vemos impunemente a los convocantes de la guarimba (protestas) en Mérida. Y ¡ellos tienen qué pagar!”, señaló. “No puede haber impunidad, (sino) justicia. Hoy tenemos un fiscal digno al frente del Ministerio Público, que ha venido a hacer justicia”, indicó.

El chavismo ganó 305 de las 335 alcaldías que se disputaron en las elecciones del domingo 10 de diciembre y los ganadores comenzaron a jurar ante la Asamblea Constituyente, un órgano dominado por el oficialismo y con poderes plenipotenciarios.

Los alcaldes de la oposición que fueron elegidos también deben reconocer a la Constituyente para poder ejercer sus cargos.

En Mérida, cinco alcaldes opositores firmaron un documento con el que juraron ante la Constituyente y El Aissami mostró el acta que suscribieron.

“Ellos juraron, firmaron el acta. Los reconocemos, pueden ejercer en sus alcaldías. Reconocieron el poder de la Constituyente. Así es, cuentas claras conservan cargos”, indicó.

En las elecciones regionales del 15 de octubre la oposición ganó cinco de 23 gobernaciones, en unas elecciones plagadas de irregulares.

Sin embargo, el ganador en la región occidental de Zulia, Juan Pablo Guanipa, fue desconocido por negarse a jurar ante la Constituyente.

El Aissami denunció que la gobernación del estado, que quedó bajo control de la oposición en los comicios de octubre, comenzó a despedir a trabajadores, por lo que pidió al gobernador Ramón Guevara reenganchar a todos los despedidos, advirtiendo que ahora ellos están “protegidos” por el presidente Nicolás Maduro.