Legisladores, académicos y ONG presentaron las conclusiones de lo que fue una reunión en diciembre pasado en busca de acciones para hacer frente a la nueva administración de Estados Unidos

Ante lo que consideraron acciones hostiles del gobierno de Estados Unidos, senadores PRI, PAN y PRD convocaron a organizaciones civiles y ciudadanos a formar un muro humano el 17 de febrero en las ciudades fronterizas de Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Nogales, Sonora.

El senador Armando Ríos Piter (PRD), integrante de la llamada Operación Monarca, afirmó que lo que pretenden es demostrarle a la nueva administración de Estados Unidos que México y la relación que tiene con los estadounidenses es potente, fuerte y sólida.

“Es precisamente a través de un muro humano, tomados de la mano todos, con la hija de la maquiladora, con el hijo del migrante, con el migrante que no ha visto durante años a su madre, que podamos estar tomados para generar una unidad que acompañe las propuestas de política pública que vayamos diseñando”, dijo.

El senador por Guerrero explicó que en esta “valla humana” también participarán el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas.

El senador Ernesto Ruffo Appel (PAN) dijo que también buscan que se conforme en una estrategia que defienda el canciller Luis Videgaray, pero también que México sea congruente con otros migrantes que vienen de otros países, como es el caso de los Haitianos que están en Baja California.

Su compañero, el senador Víctor Hermosillo celebró que en el contexto de esta crisis se cambie la actitud hacia los “mexicoamericanos”, o sea los que ya son estadounidenses, de origen mexicano, y a los que están en Estados Unidos de manera ilegal.

“Porque les digo, hasta ahorita no ha habido ninguna ayuda. Si no fuera por las instituciones, ONG y las de la Iglesia, estarían totalmente desamparados, esa es una realidad”, expuso.

Sobre el tema de las remesas, el senador Marco Antonio Olvera (PRI) aseguró que anualmente los connacionales envían a México alrededor de 26 mil millones de dólares, por lo que el propósito de Operación Monarca es ver qué se puede hacer para defender los envíos.

“Primero desde el punto de vista jurídico porque un senador republicano está hablando de gravar con 2% los envíos. En primer lugar, los envíos (de remesas) son patrimonio de nuestros connacionales y, segundo, queremos pensar también que ese recurso pagó un Impuesto Sobre la Renta. De manera que no sería justo que tengan un impuesto sobre otro impuesto”, explicó.

Reclaman política de Estado. La defensa de los mexicanos en Estados Unidos debe ser una política pública del Estado mexicano, en la que se involucre no solamente el Ejecutivo federal, todos los poderes y la sociedad civil en su conjunto, para tener éxito.

Ello se concluyó en la presentación de conclusiones de la Agenda Migrante, Trump y los connacionales, una mirada desde la comunidad, que se exhibió en el Senado. En el lugar, la senadora y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, Marcela Guerra (PRI), aseguró de que ante el amago de que se graven las remesas de mexicanos, se analiza con la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una estrategia técnica, política y de todo tipo, para evitar que los envíos de dinero no sean afectados.

El ex canciller Jorge Castañeda y la especialista en migración Eunice Rendón expusieron una serie de recomendaciones que se pueden llevar a cabo desde el gobierno mexicano para defender a los mexicanos en Estados Unidos.

Legisladores, académicos y ONG presentaron las conclusiones de lo que fue una reunión en diciembre pasado en busca de acciones para hacer frente a la nueva administración de Estados Unidos.

Marcela Guerra subrayó que se vive una situación de emergencia que demanda acciones concretas por parte de todos los sectores y el gobierno.

Se concluyó que los llamados han surtido efecto y prueba de ello es la iniciativa preferente que el Ejecutivo federal envió al Congreso para revalidar estudios de niños y jóvenes que regresan al territorio nacional.

Durante el encuentro se expusieron los siete acuerdos que se generaron con más de 40 líderes migrantes: generar una red de redes o coalición con los diferentes grupos migrantes en Estados Unidos e incluir a aliados; exigir al Ejecutivo federal una ampliación del presupuesto 2017 para contar con políticas y programas específicos a favor del empoderamiento, protección, asistencia legal e información a través de campañas masivas para los migrantes.

Además de contar con esquemas de certificación de competencias y habilidades, así como facilitar la revalidación de estudios; acuerdos con empresarios, fundaciones e instancias gubernamentales para la integración económica y social de los migrantes en retorno; incluir en negociaciones del TLCAN, temas migratorios y seguridad.