De acuerdo con la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el daño de un inmueble considerado como histórico podría traer como consecuencia de tres a diez años de prisión.

El capítulo IV, artículo 52 de dicha ley refiere: “Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.”

En diversas marchas y protestas realizadas, tanto a nivel nacional como estatal, han resultado afectados sitios que incluso, son patrimonio.

En el caso de la entidad, las autoridades capitalinas reportaron -el pasado lunes 28 de septiembre- consignas en ocho pilastras del Acueducto de Querétaro.  Para expertos en el tema, el daño se entiende como “invaluable”, dada  la relación y simbolismo que adquiere para la sociedad.

De acuerdo con el arquitecto Emiliano Duering Cufré, urbanista e investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), se preserva la arquitectura o los monumentos porque son emblema de un evento histórico de la ciudad. Destaca que es un punto en donde se asocia la identidad local con un edificio, además de la calidad estética que tienen.

“Si bien el Acueducto ya no cumple la misión para la que fue construido, tiene una función más abstracta, simbólica”, puntualiza.

Este valor simbólico, dice, es ambivalente, pues se resguarda por la ley, pero también lo expone a daños en manifestaciones de protestas contra el Estado; el mismo que salvaguarda edificios emblemáticos. “Pienso que, y es mi opinión personal, se tendría que marcar la falta pero no tendría que haber una persecución. No habría que ir detrás de quienes hicieron esto. Hay que marcar el delito, penalizarlo, pero no necesariamente iniciar una persecución contra quien hizo esto. Es sumamente delicado, no se trata de abrir una puerta a que la expresión de las posturas en contra de lo que han hecho los gobiernos nos lleve que dañemos los edificios; sin embargo, en cuestiones tan delicadas de vida y muerte de las personas hay que entender que se tata de un problema que no ha sido atendido con todo el cuidado. Creo que las autoridades tendrían que entender que se trata de un problema que no ha sido atendido con todo cuidado. Los encargados del orden judicial tendrían que considerar que se trata de una protesta legítima con expresiones no correctamente colocadas. Sin embrago, la violencia de género que han vivido durante décadas o siglos tampoco ha sido correctamente atendida”, comentó.

“Las representaciones, las marchas y protestas, van en contra de los elementos que significan el poder del Estado. En ese sentido, todos los edificios públicos están en esa situación porque son emblemas del poder el Estado”, explica el también catedrático.

Para el arquitecto, que exista una ley que castigue penalmente el daño a los inmuebles habla del valor que le damos a estos espacios.

Un valor que está más allá del monetario, pero en ellos cargamos valores como el de identidad y nos vinculamos con ellos como sociedad, comenta.