Si el diálogo fracasa, entonces el gobierno capitalino usará la fuerza policial para liberar vialidades bloqueadas por manifestantes.

Eso es lo que indican los mecanismos para la atención de bloqueos de vialidades primarias, publicados ayer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

“Una vez que la Subsecretaría de Gobierno por sí o a través de la Dirección General de Concertación Política, Prevención, Atención Social y Gestión Ciudadana considere que no hay posibilidades para continuar con el diálogo o las condiciones representen un peligro real e inminente de daño irreparable hacia la vida e integridad de personas participantes, del personal de las secretarías o de terceros, o bien cuando exista una amenaza y afectación real y objetiva de las instalaciones estratégicas o bienes, la persona concertadora suspenderá su actuación, sin que esto exima la posibilidad de restablecer el diálogo en cualquier momento.

“En los casos previstos en el numeral anterior, la Subsecretaría de Gobierno realizará una valoración conjunta con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (…) para, en su caso, activar los procedimientos contemplados (…) del uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones o reuniones del Protocolo de Actuación Policial para liberar vialidades”, se indica en los numerales 12 y 13 del acuerdo.

Durante los operativos para liberar vialidades o instalaciones estratégicas, los policías deberán portar el uniforme reglamentario, la placa de identificación visible, elementos o equipos de protección personal y, por ningún motivo, portarán objetos ajenos a los asignados o armas letales, se agrega en el numeral 14.

Entrevistada al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que los policías tampoco portarán toletes.

Además, todos los operativos para repeler bloqueos serán revisados, se indica en el acuerdo.

“El uso ilegal, irracional, incongruente, inoportuno y desproporcionado de la fuerza, así como cualquier objeto, sea o no parte del equipo que le sea asignado, que cause daño a la integridad de las personas manifestantes, será sujeto a rendición de cuentas y sanción, de conformidad con la normatividad aplicable”, se puntualiza en el numeral 14.

Previo al uso de la fuerza, el Gobierno capitalino deberá agotar las posibilidades de diálogo, incluyendo la gestión ante autoridades federales y locales para que se atiendan en mesas de trabajo las demandas de los manifestantes y la posibilidad de que trasladen su protesta a otros espacios públicos que no afecten la movilidad de terceros.

Las autoridades también deberán ofrecer a los manifestantes la posibilidad de contactar a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para facilitar la comunicación.

En los artículos transitorios del acuerdo se establece que el personal que participe, tanto en la concertación como en los operativos, deberá ser capacitado a efecto de fortalecer sus herramientas de comunicación y diálogo para identificar soluciones efectivas.

Sheinbaum indicó que será personal de la Policía Preventiva, principalmente del grupo femenino, el que ejecute los operativos de retiro de manifestantes.

“Es parte de la Policía Preventiva, particularmente el grupo de mujeres que ya ha sido capacitado y va a seguir capacitándose. Lo importante aquí es la defensa de los derechos humanos, que no haya represión, pero que haya un marco de actuación para poder definir qué se hace en determinado momento cuando no se acepta el diálogo”, expresó.