A demás de ejercicio indebido del servicio público, delito por el que ayer fue vinculada a proceso con prisión preventiva justificada, Rosario Robles enfrenta otra acusación.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó sobre 105 operaciones simuladas en la extinta Secretaría de Desarrollo Social por un monto de 800 millones de pesos. Éstas son adicionales a las detectadas por la Auditoría Superior de la Federación que hoy tienen a Robles en la cárcel.

“Hay que llamar la atención aquí de que la impunidad se acabó”, aseguró al adelantar que denunciará a la exfuncionaria y a los involucrados en la red de contratos a empresas fantasma vía universidades públicas.

“Fueron los casos que nos sirvieron de base para el congelamiento de cuentas tanto de Rosario Robles como de sus principales colaboradores, pero la investigación continúa”, dijo Nieto en entrevista en el Senado.

Antes, tras una audiencia que duró más de 12 horas, la exfuncionaria pasó de la seguridad en sí misma a la voz quebrada. Fue después de las 5:00 horas cuando se le dictó prisión preventiva por dos meses, medida que el delito que enfrenta no contempla, pero el juez Felipe de Jesús Delgadillo halló la manera de justificarla.

El impacto de la resolución se reflejó en el rostro de Robles, su hija y hermanas. Después, la exjefa de Gobierno fue llevada en un vehículo de la Policía Federal al penal de Santa Martha Acatitla.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría del Bienestar encontraron otras 105 operaciones simuladas en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por un monto de 800 millones de pesos, adicionales a las localizadas por la Auditoría Superior de la Federación y que hoy tiene a Rosario Robles en la cárcel, por lo que en breve presentará la denuncia correspondiente.

Informó que tienen bloqueadas las cuentas de nueve personas relacionadas con el caso Robles, que implican la inmovilidad de hasta 12 millones de pesos.

“Hay que llamar la atención aquí de que la impunidad se acabó”, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien precisó que la presentación de esa nueva denuncia formará parte del expediente contra Rosario Robles, sus principales colaboradores y los involucrados en esta red de contratos a empresas fantasmas, vía universidades públicas.

“Se han detectado, con la Secretaría del Bienestar, 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República y estamos nosotros en este momento iniciando un proceso de análisis para la presentación de la denuncia correspondiente.

 

“Fueron los casos que nos sirvieron de base para el congelamiento de cuentas tanto de Rosario Robles como de sus principales colaboradores”, dijo el funcionario federal, entrevistado en el Senado, donde asistió a un foro sobre violencia contra la niñez en México.

Interrogado sobre el escepticismo que existe en torno a las pruebas sólidas que tiene el Ministerio Público en contra de la exsecretaria, explicó que existe un trabajo constante para encontrar las pruebas de lo ocurrido el sexenio pasado con estos contratos simulados.

“Hay que llamar la atención aquí de que la impunidad se acabó. Yo soy un convencido de que la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy clara. Cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad.”

JUEZ LE DA PRISIÓN PREVENTIVA Y LA TRASLADAN A SANTA MARTHA

Fue justo al mencionar ante el juez que por 24 años había vivido en su casa de Los Reyes, Coyoacán, cuando la voz de Rosario Robles comenzó a quebrarse y su nerviosismo se hizo notar; la seguridad con la que se presentó en audiencia el jueves y la tarde del martes, había quedado atrás.

Pasaban de las cinco de la mañana, la acababan de vincular a proceso por ejercicio indebido del servicio público y el fiscal Manuel Granados había exigido que se le impusiera prisión preventiva justificada por riesgo de fuga y por la amenaza que podría representar para testigos, además de su influencia política.

“Qué bien que viene usted a dar la cara, lamentablemente usted viene mucho tiempo después de que nos vieron la cara a todos los mexicanos. Todavía llegó la señora Robles creyendo que tenía el manto protector de impunidad que la cubría”, expresó el agente del Ministerio Público.

Se le percibía temerosa cuando Robles levantó la mano para llamar la atención del juez Felipe Delgadillo y pidió “con humildad” que se le permitiera enfrentar su proceso en libertad, pues nunca había cometido delito alguno.

“Soy una mujer de paz, que en su vida ha cometido un delito, he luchado contra la violencia, no hay razón para que se dicte esa medida cautelar. No tengo millones de pesos como para irme a Canadá a vivir y regresar impunemente, no quiero evadir a la justicia, mis tarjetas y mi cuenta están bloqueadas, yo me he presentado de manera absolutamente voluntaria, siempre he dado la cara”, externó.

Fueron más de 20 minutos de silencio mientras el juzgador revisaba sus anotaciones y comparaba los argumentos tanto de la defensa como de la Fiscalía y de los abogados de la Auditoría Superior de la Federación, el rostro de Robles ya reflejaba preocupación y ansiedad.

“¡He tomado una decisión! Una cosa es que tenga el domicilio y otra que lo habite, se le buscó en varias ocasiones y usted no estaba. Hay ciertos datos que hacen presumir falsedad, hay falsedad en la información del domicilio. Usted percibió ingresos de funcionaria de alto nivel, existe riesgo de fuga y dejar el pasaporte no le impide esconderse. Se le impone como medida cautelar la prisión preventiva justificada en el penal femenil de Santa Martha”, concluyó el juez con severidad.

Nadie lo esperaba, su delito no merecía prisión preventiva oficiosa, pero el juez halló la forma de justificarla. El impacto de la resolución se reflejó en el rostro, no sólo de Rosario Robles, la primera jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal, sino también en el de su hija y sus hermanas. Pronto Rosario sería llevada a bordo de un vehículo de la Policía Federal a la prisión.

Finalmente, tras 12 horas de audiencia, el juzgador concedió a la Fiscalía dos meses para realizar la investigación complementaria por las presuntas omisiones cometidas por Robles ante un supuesto desvío de recursos por más de cinco mil millones de pesos a través de universidades públicas.