Hasta el pasado 17 de enero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tenía identificadas 173 operaciones bancarias inusuales relacionadas con 219 sujetos presuntamente vinculados con delitos de tráfico de especies, caza furtiva, pesca ilegal o tala.

Mireya Valverde Okón, directora general de Asuntos Normativos de la UIF, reveló que además se cuenta con información de movimientos inusuales de dinero en empresas dedicadas a la comercialización «legal» de especies y organizaciones de la sociedad civil relacionadas supuestamente con la conservación de la vida silvestre.

“Se identificaron reportes de operaciones sospechosas que no especifican el delito, pero son reportados por esquemas de operatividad incongruente con actividades económicas aparentemente legales de comercialización de especies, así como actividades de asociaciones civiles de conservación de las especies; los sujetos presentaron indicadores de riesgo por delincuencia, notas periodísticas, investigación por parte de la autoridad, narcotráfico, corrupción, entre otras», puntualizó.

Agregó que el 39.9 por ciento de los sujetos identificados tienen una calificación superior a 7 de acuerdo al modelo de riesgo desarrollado por la UIF, considerando un parámetro de 1 a 10.

En la presentación del Programa Fortalecimiento de las Capacidades de Detección, Investigación y Persecución de los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques en México, Kristian H\’f6lge, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), destacó que los retos que se van a enfrentar con asesoría y cooperación internacional son muchos y van desde la burocracia excesiva; la corrupción y la falta de pericia y experiencia en los operadores de justicia, hasta la carencia de un diagnóstico de la situación real y la insuficiencia presupuestal.

En su oportunidad, Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), reconoció que los estados donde existe el mayor tráfico de vida silvestre son Chiapas, Campeche, Tabasco, Oaxaca y Yucatán, con la captura ilegal de tarántulas, reptiles y aves, así como en el Alto Golfo de California con el pez Totoaba.

En este sentido, consideró que a nivel nacional son necesarias reformas legales con el fin de incrementar las penas y prisión preventiva oficiosa para quienes cometan delitos contra la biodiversidad, mientras que en el ámbito internacional se requiere cooperación e intercambio de información para inhibir la demanda de productos como el «buche» de la Totoaba, con controles en los países de tránsito y destino, en este caso Estados Unidos y China.