La Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ) en México concluyó este jueves que la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 «constituyó un crimen de Estado» y que no hay indicio alguno de que las víctimas se encuentren con vida.
Estas conclusiones preliminares fueron presentadas por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El informe estableció que en el crimen «concurrieron integrantes delictivos del grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano».
El reporte está basado en más de 41.000 documentos que incluyen transcripciones de llamadas telefónicas, mensajes de texto, reportes y decenas de videos de torturas de detenidos del caso.
Los estudiantes desaparecieron en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en Guerrero, en el sur del país.
Las circunstancias que han rodeado al caso desde entonces, en medio de acusaciones de corrupción e impunidad, vínculos al narcotráfico y distintas versiones de lo ocurrido, han hecho que se trate de uno de los mayores escándalos de derechos humanos en la historia reciente de México.
Reversión de la «verdad histórica»
Tras la desaparición de los estudiantes, una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) estableció una versión oficial llamada «verdad histórica».
Dicha versión decía que policías municipales de Iguala entregaron a los alumnos al grupo de narcotráfico Guerreros Unidos, quienes confundieron a los jóvenes con sicarios de una banda rival, los Rojos.
Según la PGR, los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero municipal de Cocula, también en Guerrero.
Familiares de las víctimas desconfiaron de esta versión y organizaciones como Amnistía Internacional estimaron que la PGR no había «atendido adecuadamente la línea de investigación», demostrando la existencia de «una enorme red de complicidades que involucran a autoridades en todos los niveles del Estado mexicano».
Desde el inicio de su mandato en 2018, AMLO se comprometió a «encontrar la verdad sobre la desaparición de los estudiantes» y pocos días después anunció la creación de la Comisión de la Verdad.
En julio de 2020 la «verdad histórica» fue cancelada y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitó la captura de 46 exfuncionarios. Entre ellos, el jefe de la investigación de la PGR Tomás Zerón, quien se encuentra fuera del país.
«La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción organizada del aparato del poder, desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes», dice el informe reciente de la CVAJ.
Solo los restos de tres estudiantes de los 43 desaparecidos han sido identificados hasta la fecha. La Comisión de la Verdad insta a continuar la búsqueda e identificación de restos.
¿Qué otras conclusiones sacó el informe?
Veintiséis personas claves vinculadas al caso han muerto por ejecución, accidente o muerte natural a lo largo de la investigación, lamentó Encinas durante la presentación del informe.
Además de concluir que la desaparición de los estudiantes constituyó «un crimen de Estado», el informe también apunta que:
- Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos
- En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas
- El grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado
- Existen indicios suficientes para que la FGR (fiscalía general de la República) inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de integrantes de Guerreros Unidos, funcionarios municipales y funcionarios federales
- No hay indicio alguno que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos
Encinas aclaró que el expresidente Peña Nieto no se encuentra entre los individuos para tal «deslinde de responsabilidades».
El resto de conclusiones y más detalles del informe fueron publicados en los canales oficiales del gobierno de México.
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La noche de la desaparición
Los 43 desaparecidos formaban parte de un grupo más grande de jóvenes de 17 a 25 años que estudiaban en la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa.
El 26 de septiembre de 2014, decenas de compañeros habían ido a la ciudad cercana de Iguala para luego participar en una manifestación. Cuando regresaban al final del día, fueron confrontados en Iguala por la policía municipal, que abrió fuego en un ataque coordinado contra varios de los cinco autobuses en que viajaban.
En el tiroteo murieron dos estudiantes y un tercero apareció en la escena el día siguiente con signos de tortura.
La policía detuvo esa noche a decenas de estudiantes y algunos fueron liberados después. Sin embargo, no se volvió a saber nada más de un grupo de 43 jóvenes.
Desde entonces, su paradero se convirtió en uno de los escándalos más recientes en la violenta historia de México, con múltiples versiones sobre lo ocurrido e indignación nacional e internacional ante acusaciones de impunidad y corrupción.