El número de muertos a manos de las fuerzas de seguridad iraníes en las últimas semanas asciende a 326

La ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, Noruega, advirtió este lunes contra el riesgo de ejecuciones rápidas en este país asiático tras anunciar la Justicia iraní la primera condena a muerte por las protestas de los últimos dos meses.

La agencia oficial de noticias IRNA no identifica al condenado, e indica que la sentencia se ha dictado en relación con los cargos de “incendiar un edificio gubernamental, alterar el orden público, reunirse y conspirar para cometer un delito contra la seguridad nacional, y ser enemigo de Dios y de corrupción en la tierra”, este último delito castigado con la ejecución.

El veredicto, sin embargo, aún puede ser apelado.

Al menos una veintena de personas afrontan cargos punibles con la muerte, advirtió Iran Human Rights (IHRNGO).

”La comunidad internacional debe advertir con firmeza a la República de Irán de las consecuencias de ejecutar a manifestantes. Llamar a sus embajadores e implementar medidas de derechos humanos más efectivas contra funcionarios son algunas consecuencias a considerar”, señaló en un comunicado esta organización.

El número de muertos a manos de las fuerzas de seguridad iraníes en las últimas semanas asciende a 326, de ellos 43 menores de edad, según el último balance de IHRNGO.

Más de 15.000 iraníes han sido detenidos y varios cientos han muerto en casi dos meses de protestas, según estimaciones de la agencia de noticias activista Hrana.

Las protestas estallaron en Irán tras la muerte de Mahsa Amini, que falleció en septiembre tras haber sido arrestada supuestamente por haber violado el estricto código de vestimenta que rige en el país.

Las autoridades han exigido duros castigos para los manifestantes, a los que llaman “alborotadores”, y han tratado de culpar de los disturbios a potencias extranjeras.

Algunos de los detenidos son puestos en libertad con una multa. Otros son juzgados en un tribunal penal. Pero los presos políticos suelen enfrentarse a estos temidos tribunales revolucionarios, un sistema paralelo creado para proteger a la república islámica, dijo a The Washington Post Hadi Enayat, sociólogo político especializado en derecho iraní.

Los tribunales revolucionarios son conocidos por sus “atroces violaciones de las garantías procesales”, dijo Tara Sepehri Far, de Human Rights Watch. El Estado “utiliza los juicios como un elemento más para dar forma a su narrativa sobre las protestas”.

A finales de octubre, el poder judicial iraní dijo que había acusado a unas 1.000 personas en Teherán y que celebraría juicios públicos en las próximas semanas. Al igual que en el pasado, los grupos de derechos humanos esperan que sean juicios falsos, basados en pruebas fabricadas y confesiones realizadas bajo coacción o tortura. Los detenidos han sido acusados de cometer actos de violencia y de asesinar a las fuerzas de seguridad iraníes con pocas o ninguna prueba, dicen.

Se han registrado muertos en 22 provincias iraníes, la mayoría en Sistán, Baluchistán, Teherán, Mazandarán, Gilan y Kurdistán.

Nacida en 2005 y registrada en Noruega desde 2009, Iran Human Rights (IHRNGO) asegura estar formada por personas de dentro y fuera de Irán y cuenta con miembros en Estados Unidos, Canadá, Japón y varios países europeos.