La presidenta brasileña aseguró que no existe ninguna base jurídica para enjuiciarla

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se declaró «indignada» frente a la decisión del jefe de los Diputados, Eduardo Cunha, de promover unjuicio político en su contra y aseguró que no existe ninguna base jurídica para ello.

«Recibí con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño», declaró Rousseff en un muy breve pronunciamiento en el Palacio presidencial de Planalto.

La mandataria aseguró que las bases en que se apoyó Cunha para dar lugar al pedido de varios juristas y partidos opositores «son inconsistentes» y no se fundamentan en «ningún acto ilícito».

«No hay en mi contra una sospecha de desvío de dinero público, no tengo cuentas (ocultas) en el exterior y no presioné a instituciones o personas», dijo Rousseff en una clara alusión a Cunha, implicado en el escándalo de corrupción en Petrobras y acusado precisamente por ese tipo de irregularidades.

También aludió a supuestas negociaciones que Cunha habría hecho con miembros de la base parlamentaria oficialista para intentar evitar un proceso que el Consejo de Ética de la Cámara baja se propone abrir en su contra.

«Jamás aceptaría» negociaciones de esa naturaleza y «mucho menos si atentan contra el libre funcionamiento de las instituciones y los principios éticos que deben gobernar la vida pública», declaró.

Rousseff dio estar «tranquila» y convencida de «la improcedencia» de esa iniciativa en su contra, de la cual afirmó que será archivada por el Congreso.

«No podemos dejar que se sacuda a la democracia», declaró la jefa de Estado, y apuntó que los brasileños deben confiar «en nuestro Estado democrático de derecho».

Cunha aceptó un pedido de juicio político con fines de destitución presentado por varios juristas y cuatro partidos de la oposición que se fundamenta en unas maniobras fiscales irregulares que el Gobierno hizo para maquillar sus resultados de 2014 y que continuaron este año, según fiscales de organismos de contraloría del Estado.

Esas maniobras, según sostiene la oposición, suponen un «delito de responsabilidad fiscal», que la Constitución contempla como una de las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.