Jóvenes encapuchados lanzaron piedras y bombas molotov contra las oficinas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Chacao, este de Caracas
Jóvenes con el rostro cubierto prendieron fuego parcialmente a un edificio administrativo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante violentos disturbios en Caracas, luego de que la instancia rechazara un segundo recurso de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en contra del proceso constituyente que promueve el Presidente.
Los encapuchados lanzaron piedras y bombas molotov contra las oficinas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Chacao, este de Caracas.
Al final de la tarde, una inmensa columna de humo negro se alzaba sobre el edificio, de cuatro pisos y donde también funciona una sucursal bancaria, en la que computadoras y equipos electrónicos fueron quemados en la calle.
Militares y policías disolvieron los disturbios con bombas lacrimógenas y perdigones, mientras que los bomberos controlaron el incendio.
Los encapuchados también lanzaron piedras contra la sede del Ministerio de la Vivienda, ubicada a unos metros, de donde fueron evacuados los trabajadores.
La Dirección de la Magistratura, órgano auxiliar del TSJ con funciones de dirección, administración e inspección del Poder Judicial, había sido blanco frecuente de manifestantes desde que estallaron el 1 de abril las protestas contra Maduro, que ya dejan 67 muertos.
El TSJ anunció ayer que mudará esa institución por orden de su presidente, el magistrado Maikel Moreno, por considerar Chacao, gobernado por la oposición, “un territorio sin ley”.
RECHAZAN RECURSO
El máximo tribunal venezolano rechazó la revisión de un recurso legal, introducido por la fiscal general, Luisa Ortega, que buscaba detener la convocatoria para la elección de una asamblea que reforme la Constitución.
“Por inepta acumulación de pretensiones, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible el recurso ejercido por Luisa Ortega Díaz”, dijo el TSJ en su cuenta oficial en Twitter.
Esta es la segunda vez que la instancia rechaza un recurso de la fiscal general en rechazo a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Ortega sostiene que el proceso, como está concebido por Maduro, es violatorio de la Carta Magna.
En tanto, la fiscal general denunció que su familia ha recibido amenazas y que es seguida por patrullas del servicio de inteligencia del Estado, por lo que responsabilizó al gobierno de Maduro si algo les sucede.
Por otro lado, el defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, dijo el canal estatal VTV que Ortega no se opuso al nombramiento de estos jueces en su momento y, por el contrario, lo avaló.
TRANSPORTISTAS PARALIZAN LA CAPITAL
Cientos de habitantes de Caracas lidiaron ayer con un paro parcial de transporte con el que los conductores exigieron la liberación de un compañero detenido en las protestas contra el presidente Nicolás Maduro.
Además del paro parcial de autobuseros, cinco estaciones del Metro de Caracas, en el este, bastión opositor, amanecieron cerradas. Para peores, llovió fuertemente durante una media hora.
El 3 de junio, 51 personas fueron detenidas cuando se trasladaban en un autobús a una protesta de la oposición en Montalbán (oeste de Caracas). El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, afirmó que se trataba de “terroristas” que pretendían “generar violencia”. Entre los detenidos estaba el conductor.
“Nuestra principal motivación es la detención de un compañero que fue abordado por unas personas de la oposición exigiendo que los llevara hasta Montalbán”, expresó el conductor Luis Andrade.
Según las autoridades, el cierre del Metro se realizó “en resguardo a los usuarios, el personal y las instalaciones” ante una protesta programada para ayer; pero la oposición denuncia que busca evitar que sus seguidores se movilicen.
Los adversarios de Maduro invitaron a los ciudadanos a tomar el Metro de Caracas hasta el Tribunal Supremo de Justicia para apoyar un recurso contra la Asamblea Constituyente impulsada por el mandatario.
Los transportistas también se quejaron de la escasez de productos y repuestos para los automóviles y la alta inflación.
Venezuela atraviesa una aguda crisis económica, caracterizada por una severa escasez de alimentos y medicinas y una inflación que podría llegar a 720% en 2017, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según la ONG Foro Penal Venezolano, tres mil 132 personas han sido detenidas desde el 1 de abril, cuando iniciaron las protestas en favor y en contra de Maduro.
AUDITARÁN A LA POLICÍA DEL ESTADO DE MIRANDA
El gobierno venezolano ayer intervino a la policía del central estado de Miranda, gobernado por el líder opositor Henrique Capriles, ante la supuesta participación de funcionarios en violaciones de derechos humanos.
“Queda oficializada la intervención del cuerpo de policía del estado de Miranda luego de evaluar resultados de investigación”, indicó en Twitter el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.
El funcionario aseguró que existen “suficientes elementos de convicción que conllevan a la participación de funcionarios en violaciones de DDHH y redes delictivas”.
Explicó también que se constituyó una junta interventora que durante 180 días estará facultada para realizar una auditoría integral al cuerpo policial.
Mediante un comunicado, la cartera de Interior agregó que dicha junta estará integrada por cinco personas y que el cuerpo policial ahora estará dirigido por Regulo Argotte y José Maita, como director y subdirector respectivamente.
Capriles, por su parte, señaló que el organismo policial sufrió una “intervención militar” y que se trata de un “nuevo ataque político” ya que, aseguró, no hay “ningún tipo de justificación” para esta acción.
El gobierno ha intervenido varios cuerpos policiales en los últimos cinco años y, más recientemente, hizo lo propio con la policía del Estado Lara (centro oeste), gobernado por el también opositor Henri Falcón.
ACUSA A ZAPATERO
El opositor Henrique Capriles, afirmó hoy que el exjefe del gobierno español y mediador del diálogo político en el país caribeño José Luis Rodríguez Zapatero, es un “agente del gobierno” de Venezuela.
El diálogo entre el gobierno y la oposición comenzó en octubre de 2016.