En un hecho inédito en Sinaloa, familiares de desaparecidos públicamente pidieron ayuda a narcotraficantes para encontrarlos.

En una carta dada a conocer a medios de comunicación, la madre y el hermano de dos policías de Culiacán, secuestrados el 23 y 26 de enero de 2017, suplicaron a “los grandes capos, a los jefes del cártel de Sinaloa” apoyo para que los levantados regresen a sus casas “o nos digan dónde los podemos hallar”.

En el escrito, los familiares de Antonio Saavedra Ortega y Yosimar García Cruz, además de dirigirse a “quienes se llevaron a nuestros familiares”, expusieron que han sufrido deterioro físico y mental por la desesperación de no encontrar a las víctimas.

“La peor tortura para las familias es no saber dónde están nuestros seres queridos. Se trata de una tortura que llevamos día con día (…) Nos ha llevado a enfermarnos, a decaer. Si ustedes prometieron no dañar a las familias, éste es uno de los daños más grandes que puede existir después de no saber de nuestros seres amados.

“Apelamos a sus grandes corazones, a que nos den un poco de paz o la paz completa al encontrar a nuestros hijos amados, a nuestros hermanos, a nuestra familia”, rogaron en la misiva.

“La fiscalía no investiga”

Al insistir en que desesperadamente acuden a los miembros del crimen organizado, “rogando y suplicando a su corazón y a su conciencia”, los familiares de Saavedra Ortega y de García Cruz señalaron que esperan “una respuesta y un milagro”, y que, de ayudarles, estarán agradecidos “de por vida”.

José Antonio Saavedra Ortega y Yosimar García Cruz formaban parte de un grupo de la policía de Culiacán que, el 30 de septiembre de 2016, se distinguió por apoyar a los militares que fueron emboscados en esa ciudad.

Entre el 21 de enero y el 22 de marzo del año pasado, seis integrantes de su agrupación fueron asesinados. Posteriormente, a Yosimar y a José Antonio se los llevaron hombres armados que los sacaron de sus domicilios (Proceso 2138).

Para María Isabel Cruz, madre de Yosimar, y para Juan Carlos Saavedra, hermano de José Antonio, los casos de sus familiares representan desapariciones forzadas, toda vez que varias “patrullas de la policía municipal fueron vistas en la zona” antes de que se concretaran los secuestros. Por lo anterior, exponen que solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que atrajera las investigaciones.

En entrevista con apro, María Isabel Cruz, presidenta del colectivo Sabuesos Guerreras, reconoció que la “incapacidad de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa” y la desesperación por no encontrar a sus familiares los impulsó a solicitar ayuda del narco.

Explicó que la petición de apoyo también surge del convencimiento de que “hay un contubernio entre la fiscalía y el cártel”.

Lo anterior es evidente, dijo, en el caso del director de la policía de Elota, Ignacio Juárez Rojas, y de su escolta Alfonso Beltrán Jiménez, quienes desaparecieron el 5 de enero y fueron localizados muertos, una semana después.

“¿Cómo fue que los de la fiscalía llegaron al punto exacto donde estaba el director de la policía, que era militar, si no es porque tienen comunicación con quienes se lo llevaron? No hay otra explicación para nosotros, quienes todos los días tenemos que batallar con la fiscalía, que no hace nada, no investiga las desapariciones. En este caso, seguramente el fiscal (Juan José Ríos Estavillo) fue presionado por el Ejército y, por eso, localizaron al militar”, dijo María Isabel Cruz.

“Sólo queremos que nos los entreguen”

La madre del oficial desaparecido expresó que, después de un año de no saber nada, “ya no importa quiénes se lo llevaron. Lo que nos interesa es que los entreguen ya, encontrarlos como sea. Si a la fiscalía ya se le acabaron las ideas para encontrarlos, a lo mejor los del Cártel de Sinaloa pueden ayudarnos.

“Tenemos un año de que nuestros seres queridos están desaparecidos. Si también son policías, ¿por qué no llamaron a los mismos que les dijeron dónde estaba el de Elota? ¿Porque era militar lo encontraron sin investigación ni nada? La fiscalía actúa nomás cuando quiere”, denunció la señora María Isabel.

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hasta el 31 de octubre de 2017, en Sinaloa se contabilizaron dos mil 819 casos.