Los más de diez meses que lleva la suspensión de clases presenciales en escuelas de nivel preescolar y básico en México por la pandemia de coronavirus (COVID-19), ya han tenido graves consecuencias; sobre todo en las del sector privado.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana (ANFE-ANEP), de los 48 mil centros de educación que hay en el país, al menos 18 mil ya cerraron de forma definitiva; es decir, el 37.5 por ciento.
Asimismo, de los 5.5 millones de estudiantes que tenían antes de la crisis sanitaria, al menos 2.3 millones ya abandonaron sus planteles para irse a validar sus estudios en las escuelas públicas; lo que representa más del 40% de los alumnos.
Lo anterior ha puesto en riesgo el empleo de cerca de 200 mil trabajadores de la educación privada, entre docentes y administrativos.
Ante este panorama, Alfredo Villar, presidente de la ANFE-ANEP, demandó este martes a la Secretaría de Educación Pública (SEP) abrir un diálogo y que se fije una cita para que las escuelas privadas puedan reanudar actividades para finalizar el ciclo escolar 2020-2021 en las aulas, siguiendo los protocolos de higiene que eviten la propagación del SARS-CoV-2 y la quiebra de más planteles.
Así lo expresó a través de un comunicado:
“Las escuelas particulares ya deben iniciar las clases de manera presencial, con la participación de todos los padres de familia y todos los sectores de la iniciativa privada”, indicó.
“La idea es que se abran con protocolos de sanitización, las escuelas particulares vamos a tener menos alumnos por deserción y porque muchos no quieren enviar a sus hijos. En protocolos, no podemos aceptar con síntomas y deben llegar con certificados médicos”.
Villar explicó que la sociedad mexicana no está preparada para integrarse completamente a un sistema educativo a distancia, pues no cuentan con los instrumentos o tecnología necesaria, por lo que “mientras más pasa el tiempo, más desertan los alumnos”.
El presidente de la ANEP señaló que las autoridades no pueden suspender el derecho a impartir educación ni a recibirla; por lo tanto, afirmó que están decididos a abrir sus puertas en febrero próximo, aunque esto implique recurrir a medios legales, como el amparo.
“Se trata de llegar a acuerdos con las autoridades para poder abrir, tenemos el derecho de hacerlo. El Estado de derecho está de nuestra parte y lo vamos a hacer valer a través de amparos. Pero de que abrimos, abrimos”
Y es que, sostuvo que alrededor del 65% de los padres de familia estarían dispuestos a enviar a sus hijos a clases presenciales, mientras que el 35% restante podrían tomar sus clases en línea, tal como ha ocurrido hasta ahora.
“En un grupo podemos tener las clases presenciales de manera normal, y para los que no quieran ir a las aulas las clases seguirán siendo en línea
Recordó que pese a que existe semáforo “rojo” (máximo riesgo de contagio) en varias partes del país, la reapertura económica se está dando con todas las medidas sanitarias, como recientemente ocurrió con los restaurantes. Por ese motivo, insistió en que las escuelas particulares puedan retomar labores de manera presencial, pues consideran que la educación se trata de una actividad esencial.
En este sentido, agregó que también el gobierno federal debe proporcionarles vacunas contra el COVID-19 a todo el personal del sector y no sólo a las escuelas públicas, como sucedió el fin de semana en el estado de Campeche, que está en color “verde” (bajo riesgo de contagio) en el semáforo.
“Es el momento de que se nos tome en cuenta en la toma de decisiones y se nos reconozca como parte integral del sistema educativo nacional, por esta razón, exhortamos al gobierno que nos proporcione las vacunas para los docente y personas de los colegios particulares
Por otra parte, la ANEP denunció persecución por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT), que presuntamente está exigiendo a las escuelas privadas pagar impuestos, como si siguieran operando de manera normal.
“Exigimos al SAT que dé todas las facilidades y no esté presionando como lo está haciendo. Las escuelas son no contribuyentes de ningún impuesto ya que la educación no es una actividad mercantil, así lo establece la ley general de educación, entonces no puede haber utilidades, sólo cuando se tienen utilidades es cuando se pagan los impuestos, entonces el SAT debe detenerse en estas presiones que están haciendo a las escuelas particulares”, aseveró.