Aldo Fasci, director del CISEC de Nuevo León, aclaró que todos los fallecidos son internos del centro de readaptación social

Los disturbios que se registraron en el penal de Cadereyta, entre las 23:30 horas del lunes y las 17 horas de este martes, dejaron un saldo de al menos 13 reos muertos, pero la cifra podría aumentar ya que hay ocho internos gravemente heridos, y un sinnúmero con golpes y lesiones menores, informó el vocero de Seguridad del Gobierno de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua.

La información dada a conocer por Fasci Zuazua,  a las ocho de la noche de este día, se difundió apenas tres horas después de que el Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, había señalado en rueda de prensa en el mismo reclusorio, que el saldo había sido “casi blanco”, al reportar sólo un muerto “no localizado hasta ese momento y ocho lesionados, sólo uno de gravedad.

Con este nuevo motín en el penal de Cadereyta, en apenas dos años y seis días del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, las matanzas que se han registrado en los tres penales de la entidad, agregando los de Apodaca y Topo Chico, elevan a 71 la cifra de muertos, y sobrepasan el centenar de heridos.

El diez-once de febrero de 2016, ocurrió la que hasta hoy es la peor masacre en la historia de los reclusorios del país, en el penal del Topo Chico, cuando murieron 49 internos y 34 resultaron heridos.

Decenas de familiares de internos, incluyendo madres de familia con bebés en brazos o que traían a sus niños de la mano, además de mujeres de la tercera edad, acudieron desde las siete de la mañana, a tratar de conocer la suerte de sus esposos o hijos, sin que autoridad alguna saliera a darles información.

Esto provocó que después del mediodía, presas de la desesperación al ver que cada vez llegaban más elementos policiacos de Fuerza Civil, Policía Federal y Policía Militar, al escuchar detonaciones en el interior y observar las columnas de humo negro que salían de diversos ambulatorios, empezaran a protestar, impidiendo el paso de vehículos oficiales, para exigir información.

Así, durante una hora mantuvieron varado un autobús de transportación de reos, donde sólo iba el chofer, pero accedieron a dejar salir una ambulancia de Protección Civil, lo cual fue aprovechado por unos 30 preventivos de Fuerza Civil, para empujar a los manifestantes para dejar la vía libre al autobús.

A una camioneta que transportaba hacia el interior del penal extintores para el fuego, y varias maletas con equipo táctico como escudos, chalecos y cascos, le bajaron tres maletas, y posteriormente les prendieron fuego con todo su contenido.

Ni el procurador General de Justicia del estado, Bernardo González Garza, se salvó de la ira de los familiares de los internos, quienes a empujones trataron de impedirle el acceso.