María Fernanda Cancino Caballero no llegó a su clase en la Escuela de Estilismo y Diseño de Imagen Trozmer; fue vista por última vez en la Recta a Cholula, a la altura de Momoxpan

Mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla recaba las pruebas complementarias en los juicios por los feminicidios de Mara Fernanda Castilla Miranda y Nazaria Iraís Simón Aguilar, los más recientes ocurridos en el estado y que tienen a cuatro varones vinculados a proceso, trascendió la desaparición de otra estudiante.

María Fernanda Cancino Caballero salió de su casa el pasado lunes rumbo a la Escuela de Estilismo y Diseño de Imagen Trozmer. Eran las 7 de la mañana. Fue vista por última vez en la Recta a Cholula, a la altura de Momoxpan, comunidad del municipio de San Pedro Cholula.

La joven de 21 años de edad no llegó a clases de estilismo y tiene más de 48 horas desparecida, por lo que empezó a difundirse información en redes sociales para pedir ayuda de la gente para su localización.

A la par de esta campaña en redes sociales, los familiares de María Fernanda interpusieron el pasado martes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia por desaparición de persona.

Al momento de su desaparición, María Fernanda vestía un pantalón de mezclilla claro, tenis blancos, una blusa color vino y una chamarra negra, de acuerdo con sus parientes, quienes difundieron una fotografía con su media filiación.

En tanto, en el caso de Mara Fernanda, el abogado defensor Francisco Tlahuicole reveló que ha promovido dos amparos indirectos a favor de su cliente Ricardo Alexis, quien era conductor de la unidad de Cabify, la cual habría usado para trasladar a la mujer de 19 años de edad a un motel, para abusar de ella y después asesinarla.

De acuerdo con sus datos, el primer recurso tiene relación con las amenazas recibidas en el penal de esta capital, donde le exigían 100 mil pesos a cambio de protección, por lo que el Ministerio Público Federal inició una investigación sobre el tema.

El otro juicio de garantías tiene relación con la aseveración de que era imposible legalmente sumar dos delitos en un sólo proceso penal, según lo definido por la Constitución Mexicana, refirió.

Cabe recordar que el juez de Control, Aarón Hernández Chino, concedió a la FGE cuatro meses para recabar las pruebas complementarias y definir la responsabilidad del varón de 21 años, en un plazo máximo de dos años.