El Pleno de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado por unanimidad aprobaron los diputados el dictamen que emitió la Comisión de Vigilancia para resolver la iniciativa de reforma y adición a la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria, mediante la cual se establecen mecanismos de participación ciudadana para el proceso de asignación de recursos público, con el propósito de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas

De igual manera, avaló por unanimidad el dictamen que emitió la Comisión de Vigilancia con el que se reforma la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Aguascalientes, a través de la cual se establece que las personas físicas o morales, que sean concesionarias y prestadoras de servicios públicos, serán responsables del daño económico, material o financiero que causen a terceros y obligados a resarcirlos.

Acto seguido, los diputados aprobaron por unanimidad el dictamen que formuló la Comisión de Vigilancia, mediante el cual se autoriza la donación de un predio, propiedad del Gobierno del Estado, a favor del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En el terreno, ubicado en el Boulevard Calvillo con una superficie de 3 mil metros cuadrados, sólo se podrán construir oficinas de la Sala Regional del Centro del Tribunal de Justicia Administrativa.

De igual manera, los diputados se pronunciaron por el sí del predio, propiedad del Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado, a favor del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ).

Las áreas de esta área se encuentran en la zona norte de la ciudad capital, las cuales cuentan con 2, 700 metros cuadros de superficie. En esa zona, la donación se condicionó siempre y cuando se construya única y exclusivamente, el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Agroalimentario del Estado de Aguascalientes.

Acto seguido, avalaron el dictamen que formularon las Comisiones de Justicia y Vigilancia, a través del cual se reforma la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, encaminada a determinar un plazo máximo de tres meses para atender las solicitudes de los particulares durante el proceso legal administrativo