Tras la publicación de las reformas en materia electoral en el Diario Oficial de la Federación, inicia un plazo de 30 días naturales para que se presenten ante la Corte las acciones de inconstitucionalidad.

El jueves se publicó en el DOF (Diario Oficial de la Federación) los cambios y modificaciones a la ley que impulsa el «Plan B» en materia electoral.

Con esto, entra en vigor la muy polémica reforma electoral impulsada por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, que ha sido vista por críticos como un intento de debilitar al árbitro electoral y que podría poner en jaque los comicios presidenciales de 2024.

Decenas de miles de mexicanos salieron el domingo a las calles para protestar en contra de los cambios que reorganizan y delimitan las tareas del Instituto Nacional Electoral (INE) al recortar su presupuesto y competencias a través del cierre de oficinas que permitirían millonarios ahorros.

El mandatario, López Obrador, ha defendido su iniciativa y sostiene que fortalecerá la democracia y reducirá la influencia de intereses económicos en la política.

A mediados de la semana pasada, el Senado, dominado por el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, culminó la aprobación de la reforma al INE que, aunque menos ambiciosa que el plan original, ha despertado críticas de Washington, que considera que un sistema electoral «independiente y bien dotado de recursos» apoya una democracia sana.

«O están malinformados o actúan de mala fe porque en el México de hoy hay más democracia que en Estados Unidos», defendió López Obrador el jueves en su conferencia de prensa diaria.

Incluso antes de la aprobación de los cambios, conocidos como «Plan B», diputados y senadores de oposición y miembros de la sociedad civil adelantaron que presentarían acciones de inconstitucionalidad para frenarlos ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN).

«Es evidente la presión de AMLO sobre la SCJN de cara al análisis de la reforma electoral», aseguró el politólogo y diputado Mario Riestra. «Es muy importante defender la autonomía del poder judicial. El plan b es evidentemente inconstitucional, de ahí el miedo del Gobierno», agregó.