Con la consigna “salvemos a los municipios”, alcaldes de todo el país y de todos los partidos, incluido Morena, acompañados por varios legisladores federales, realizaron esta mañana una manifestación pacífica en Palacio Nacional para exigir al Presidente de la República más recursos para sus municipios.
Enrique Vargas del Villar, alcalde de Huixquilucan, Estado de México y portavoz del movimiento, afirmó: “venimos a exigir los recursos que necesitan los municipios y que quede bien claro, el Presidente de la República nos tiene que escuchar, es una exigencia de todos los municipios del país, de todos los partidos políticos, incluyendo Morena. Esto no es una lucha de partidos, esto es una lucha por los municipios de nuestro país”.
Señaló que esta movilización se da porque el Ejecutivo nunca se ha reunido con los presidentes municipales, a pesar de múltiples solicitudes.
“En lo que va de su gobierno, nunca ha atendido a las y los presidentes municipales, necesitamos recursos para nuestros municipios, que quede muy claro, es una exigencia de todos los presidentes municipales los recursos para nuestros municipios. No estamos aquí pidiendo limosna, aquí estamos exigiendo lo que necesitan los municipios del país”, reiteró.
A su vez, el alcalde de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez destacó que en el Presupuesto del próximo año se perfilan recortes como el que tiene que ver con el fortalecimiento de la seguridad municipal.
“Están proyectando para este 2020 recortes presupuestales, a pesar de que tenemos dificultades en materia de seguridad, el Fortaseg pasa de 4 mil millones a 2 mil millones», destacó.
Después de 3 horas de manifestación pacífica, los alcaldes del país lograron establecer una mesa de diálogo con la Presidenta de la Cámara de Diputados a las 13:00 horas para analizar sus demandas.
El decálogo de peticiones para el Presupuesto de 2020, destaca la solicitud de incrementar a 6 mil millones de pesos el Subsidio para el Desempeño en Materia de Seguridad (FORTASEG), aumentar el número de municipios beneficiados y que los ayuntamientos no tengan que pagar por el accionar la Guardia Nacional en su territorio.