Norma Esparza, presidenta del PRI en el estado aseguró que los únicos facultados para el control de la constitucionalidad son los tribunales federales

En base a que la Sala Administrativa y Electoral del Estado declaró por unanimidad improcedente la solicitud de anulación de la elección a gobernador del pasado 5 de junio en Aguascalientes, la coalición “Aguascalientes Grande y para Todos” impartió su posicionamiento sobre el tema.

Norma Esparza, presidenta del PRI en el estado, aseguró que los únicos facultados para el control de la constitucionalidad son los tribunales federales.

“Consideramos que dicha resolución no valoró de una manera integral ni exhaustiva los hechos que constituyen los agravios hacia la coalición en el hecho que nos ocupa, ni vinculó la cantidad de acciones irregulares e ilegales en las que incurrió en particular el Partido Acción Nacional para determinar que la elección en cuestión debía anularse y por consiguiente repetirse”, comentó.

La presidenta del PRI aseguró que no es la primera vez que la Sala Administrativa y Electoral actúa de esta manera puesto que ya en otras ocasiones ha sido reconvenida por instancias superiores.

El argumento que la coalición usó para requerir la anulación de la elección fue la supuesta inegibilidad del entonces candidato panista, ya que desde 2010 enfrenta un proceso judicial por tráfico de influencias y uso indebido del ejercicio público, el cual enfrenta amparado.

El segundo argumento fue la presunta injerencia de la Iglesia Católica, en la que presuntamente miembros del clero invitaron desde el púlpito a votar por el abanderado de Acción Nacional.

El tercero fue la presunta entrega de despensas de parte del municipio de la capital, que encabeza el panista Juan Antonio Martín del Campo, en favor de las campañas del partido albiazul. Y el último fue el presunto rebase de tope de gastos de campaña.

Por estas razones, los partidos integrantes de la coalición interpondrán un juicio de revisión constitucional ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que las causales de impugnación de la pasada elección a gobernador en el estado de Aguascalientes sean valoradas de forma integral exhaustiva y de manera vinculatoria entre los hechos mismos.