Mikel Arriola, titular de la Cofepris, señaló que cumplirán con el mandato de la Corte a cuatro amparos sobre uso recreativo; sin embargo, las solicitudes serán analizadas
Mikel Arriola, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que desde la resolución de la SCJN el pasado 4 de noviembre hasta el día de hoy esa instancia ha recibido 57 solicitudes por parte de personas que quieren usar la mariguana con fines lúdicos.
En entrevista luego de participar en la instalación del “Consejo Técnico para las Alternativas de Regulación de la Mariguana” en la sede del Senado, dijo que dichas solicitudes se analizarán a la luz de la legislación actual, la cual establece la prohibición del uso de la mariguana en México.
Comentó que aún la Cofepris no recibe de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el legajo con la resolución del pasado 4 de noviembre que ampara a cuatro personas para el uso lúdico de mariguana.
Arriola Peñalosa señaló que cumplirán de manera transparente y robusta el mandato de la Corte respecto a estas cuatro personas y dijo que una vez que reciban el documento por parte del máximo tribunal del país, la Cofepris cuenta con tres días hábiles para emitir los permisos correspondientes.
Sin embargo, dejó en claro que en el resto de las solicitudes que se han recibido, la ruta es aplicarles la Ley General de Salud, que es prohibitiva en el uso de la mariguana, salvo los cuatro amparados por la Corte. “Somos un órgano que actúa conforme a las prohibiciones legales, porque si no estaríamos sujetos a sanciones”.
Sobre el mismo tema, el secretario Nacional de Jóvenes del PRD, Sergio Leyva Ramírez, acudió en compañía de militantes a las instalaciones de Cofepris para presentar 32 solicitudes –una de cada entidad federativa– de autorización para realizar actos relacionados con el consumo de mariguana con fines recreativos.
Indicaron en un comunicado, que de ser negadas las solicitudes, la organización de jóvenes del partido, Juventudes de Izquierda (JIZ), interpondrá un amparo colectivo ante el poder judicial similar al que concedió la Suprema Corte a la asociación civil SMART.